Este miércoles se cumplen 11 años del día en que se lo vio por última vez a Elías Gorosito. La desaparición del joven a manos de policías de la Comisaría Quinta de Paraná – según lo determinó la Justicia – es uno de los capítulos más oscuros de la última etapa democrática de Entre Ríos. En una columna publicada en algunos medios, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Julián Froidevaux, repasó el nefasto hecho ocurrido el 13 de febrero de 2002, cuando “aún resonaban las balas de diciembre en la cabeza de los argentinos”, contextualizó el funcionario en referencia a los hechos del año anterior.
En un detallado relato de lo que fueron los hechos ventilados nuevamente en el juicio oral y público que se desarrolló el año pasado, Froidevaux reconoció irregularidades de la fuerza de seguridad y cuestiones que deberían ser modificadas en el ámbito de la Legislatura.
“Este caso constituye un claro ejemplo de cuán problemáticas pueden volverse las relaciones entre las fuerzas de seguridad y los pibes de nuestros barrios. Si bien un desenlace triste como éste no es habitual, sí lo son las detenciones arbitrarias, que muchas veces son el primer paso de una serie de hechos oscuros que son posibles por un marco legal que los ampara y la falta de control civil y judicial de estos procesos”, escribió el funcionario.
Destacó el “enérgico esfuerzo” que viene haciendo “el pueblo argentino para desandar el camino del terror que generó el método de la desaparición forzada de personas, implementado por el terrorismo de Estado que asoló nuestra Patria durante la última dictadura cívico-militar”. Fue allí que subrayó que “este ha sido sin duda uno de los más acertados logros de Néstor Kirchner: comprender que la justicia es una construcción colectiva y popular y que el Poder Judicial es, en el marco del Estado de Derecho(s), quien debe impartirla”.
Si bien Froidevaux no lo mencionó en la columna de opinión, el año pasado la Policía quedó en la mira cuando seis agentes de la fuerza quedaron imputados por haber actuado presuntamente fuera de la ley. El caso ocurrió en Rosario del Tala, en donde dos menores de 14 y 15 años denunciaron que fueron detenidos, llevados a un descampado en el que se hizo un simulacro de fusilamiento y, luego, uno de ellos fue torturado con una picana. Casos de supuestos abusos de ese tipo fueron denunciados durante 2012 en Concordia y Urdinarrain.
