En oportunidad de la exposición del jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la Cámara de Diputados de la Nación, la entrerriana Carolina Gaillard puso el foco en la situación de los jubilados ante el incremento desmedido del precio de los medicamentos.
Consultó por la política de control de precios en el rubro, que lleva adelante la Nación. Recordó, al respecto, que en la Comisión de Acción Social y Salud Pública que ella preside, funcionarios de la Secretaría de Comercio afirmaron que el problema no era asunto de su competencia.
Por otro lado, Gaillard reparó en el fallo de la Corte Suprema de Justicia que “definió al medicamento como un bien social y por ende el Estado tiene la obligación de garantizar su acceso”. “Fue muy contundente (el alto tribunal) al manifestar que la fiscalización estricta de la comercialización de los productos medicinales constituye una potestad estatal indelegable que tiende a evitar que esta actividad derive en perjuicios para la salud pública”, añadió la entrerriana.
Peña reconoció a Gaillard que “el gobierno no está de acuerdo con el control de precios”. “Estamos convencidos de que el instrumento para garantizar los precios de los medicamentos, es la libre competencia”, le respondió el número dos del Ejecutivo nacional que advirtió que “acá tenemos una diferencia de concepto”.
PAMI
La diputada del FpV planteó también la preocupación del bloque que integra por las prestaciones del PAMI. “Los jubilados están a la intemperie”, remarcó.
“La rescisión del convenio de Pami con la industria farmacéutica genera incertidumbre por la interrupción en el suministro de medicamentos. Los jubilados se encuentran con las prestaciones interrumpidas por el cambio de sistema del PAMI, de pago por prestaciones a pago por cápita que está provocando un peregrinar entre las clínicas para ver si acceden a las prestaciones y a los turnos que les corresponde por derecho”, cuestionó.
Informó que hoy por hoy “los jubilados y pensionados tampoco pueden acceder a los beneficios de los descuentos de los medicamentos. Hoy pacientes oncológicos, de HIV, y de otras patologías crónicas que tienen que reempadronarse y hacer cientos de trámites en la UGL esperando dos meses para la entrega de medicamentos, cuando antes hacían trámite en la farmacia que autorizaba en dos días”.
“La restricción de cobertura de medicamentos y tratamientos por parte del PAMI recae en el bolsillo del jubilado, y en otros casos en la suspensión de sus tratamientos con el perjuicio que trae aparejado a su salud, lo cual es gravísimo, incluso letal en algunos casos”, agregó la diputada entrerriana.
“Nos preocupa el ajuste brutal que está llevando adelante el PAMI. Si les interesa la pobreza, el hambre y la miseria, los jubilados no pueden ser la variable de ajuste de este gobierno. Hablan de la pesada herencia, pero antes los jubilados tenían la cobertura de sus medicamentos y accedían a las prestaciones, y hoy eso no ocurre”, concluyó su exposición.