La causa por la que se investiga el supuesto enriquecimiento ilícito de la familia de Sergio Urribarri es un problema para el periodismo. Al frente de las pesquisas están dos fiscales con extremos bajos perfiles. Son, incluso, a los únicos que no se le puede rastrear alguna declaración a la prensa. Se trata de Patricia Yedro y Santiago Brugo.

Uno de ellos recibió a Página Judicial en su despacho. El motivo, obviamente, saber en qué estado está la investigación que se lleva adelante sobre el patrimonio del ex gobernador.

“Se ha avanzado mucho. Es mucha la información que se recolectó de diferentes organismos públicos para acreditar si existe o no el delito que se está investigando”, contó Brugo.

El magistrado relató que continuamente se acerca gente a la Fiscalía con la intención de aportar datos que, en rigor, terminan siendo comentarios. Que Urribarri sería el dueño de tales departamentos, campos y cuanto bien uno pueda imaginar son algunas de las habladurías que le acercan al fiscal. Se investiga todo, pero muchas cosas son complicadas de probar y esto retrasa el proceso. “Nosotros todo dato que se acerca se investiga, pero no todo se puede acreditar. Es una causa complicada que requiere de una estructura que no tenemos. Aún así ha avanzado mucho”, apuntó.

Brugo no dio precisiones y habló en todo momento en forma genérica. Ante la insistencia, la respuesta fue: “Los medios ya han publicado buena parte de lo que se ha podido acreditar”. Eso, si se lo decodifica, permite advertir que habría elementos para llegar a una condena.

Entre la documentación de AFIP y organismos públicos nacionales y provinciales aparecen datos insólitos. Uno de ellos, por ejemplo, refiere a compras que se realizaron hace dos años que se empiezan a pagar este año. ¿Cómo se explica eso? El fiscal entiende que puede haber otro delito en esas operaciones. Pero deja a la libre interpretación. Se limita a ironizar: “Ni el Banco Mundial te presta a dos años”. ¿Lo que se conoce como algún retorno?, se le preguntó. “Se está analizando todo”, respondió, seco. Otro: la mayoría de los pagos de servicios la familia los hizo en efectivo, no por débito. Evitar la bancarización evita también dejar rastros en estos casos.

Hay información requerida que ha llevado ocho meses conseguirla. El fiscal lamentó no tener la infraestructura o que no se haya creado la Fiscalía Anticorrupción, como lo establece la Constitución. “Uno tiene esta causa voluminosa como ésta, pero permanentemente está trabajando sobre juicios por homicidios que ocurren a diario. No hay estructura”, insistió y se quejó.

Brugo conoce la forma en que se trabaja en otras jurisdicciones. Antes de recaer en Paraná y llegar a la fiscalía luego de haber concursado en el Consejo de la Magistratura, se desempeñó en la Justicia Federal, en Buenos Aires.

El fiscal reconoció que “en muchos lugares demoran la información requerida”. Cuando se le solicitó cuáles son los organismos prefirió no dar precisiones para “evitar algún entorpecimiento en la investigación”.

La Procuración

La denuncia la iniciaron los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet luego de que la revista Análisis publique un informe periodístico en el que dio cuenta del crecimiento patrimonial de la familia del ex gobernador y ahora presidente de la Cámara de Diputados. Es así que la investigación alcanza a sus hijos Sergio y Mauro y su cuñado, Juan Pablo Aguilera; pero también al resto de los familiares y allegados al ex mandatario, a fin de determinar si los ingresos declarados son compatibles con los bienes que registra cada uno de ellos.

En la causa está latente la posibilidad de que se imputen otros delitos, por caso el de negociaciones incompatibles en la función pública.

Brugo no desconoce los cuestionamientos que sectores hacen del Ministerio Público Fiscal y, particularmente, sobre el titular del mismo: Jorge Amílcar Luciano García. Conoce los movimientos de la política, pero no opina ni da a conocer su diagnóstico sobre el cuadro de situación. “Acá se está llevando adelante una investigación. Se dicen cosas livianamente. Con la fiscal Yedro estamos trabajando con nuestros criterios, el procurador no ha tenido la más mínima intervención. Cómo mucho me ha preguntado cómo va”, cuenta. Y agrega: “Fue el procurador quien inició de oficio la causa por la organización de la Cumbre del Mercosur, en el que encontramos muchas irregularidades en contrataciones”.

La pregunta inevitable, que pudo haber sido la primera de la charla, es si hay en los próximos días el llamado a indagatoria de Urribarri. “No tenemos programado nada”. Brugo aclaró que en el caso del presidente de la Cámara de Diputados no es necesario solicitar el desafuero, siempre que cuando se lo requiera no se niegue.

Además de las dos causas que tramitan (enriquecimiento ilícito y la Cumbre del Mercosur), la jueza federal María Servini de Cubría inició una investigación sobre los gastos que insumió la campaña de su frustrada candidatura presidencial y el origen de esos fondos. La defensa del ex gobernador está a cargo del funcionario del EPRE, Marcos Rodríguez Allende.