El concejal del peronismo Emiliano Gómez Tutau presentó un proyecto que busca asistir a aquellas personas que tienen ingresos para pagar un alquiler pero no pueden acceder a la vivienda por falta de garantías. Se trata de la creación del Régimen Garantía Paraná por el cual el Estado municipal articula con entidades financieras, mutuales, cooperativas a los fines de facilitar el acceso al mercado formal de alquileres.
Se trata de reducir las barreras de ingreso al alquiler (falta de garantías o recibos de sueldo solicitados). Se aclara que el Estado no interviene en el contrato privado, no es garante ni fiador sino que cumple un rol subsidiario de promoción y gestión de instrumentos financieros.
“Buscamos que quien tiene capacidad para afrontar un alquiler no quede afuera únicamente por no contar con una garantía tradicional”, explicó el edil.
“Durante décadas, la política habitacional estuvo asociada casi exclusivamente al acceso a la propiedad. Sin embargo, la realidad social y económica actual demuestra que para miles de familias, progenitores con hijos a cargo, mujeres en situación de vulnerabilidad, jóvenes trabajadores, estudiantes y personas mayores, el alquiler constituye la principal forma posible de acceso a una vivienda”, planteó el concejal que argumentó que “en ese marco, la vivienda alquilada no puede ser entendida como una situación secundaria o transitoria, sino como una dimensión central de la política urbana contemporánea”.
La garantía podrá ejecutarse a través de seguros de caución, garantías financieras, fondos de cobertura e instrumentos emitidos por mutuales o cooperativas.
Se prevé la creación de un Fondo de Garantía Locativa para respaldar el sistema.
Pueden ser contemplados en el Régimen, que está previsto que pueda contemplar un máximo de 300 casos de personas con al menos dos años de residencia en Paraná, que demuestren ingresos para el alquiler. Tendrán prioridad los hogares monoparentales con hijos a cargo, mujeres en situación de vulnerabilidad, jóvenes de hasta 30 años que se inserten en el mercado laboral formal, estudiantes, personas mayores con jubilación o pensión mínima sin vivienda propia, personas con discapacidad.
La autoridad de aplicación propuesta es la secretaría de Hacienda y Producción. Se crea un registro de beneficiarios y un registro de propietarios adherentes para los que se proyectan diferentes beneficios a plantear en el marco del programa.
Fuente: Página Política
