Sobre el final de la anterior gestión gubernamental, un grupo de militantes de la ONG Sumate a Dar Vida anunciaban a El Diario que un proyecto de ley que impulsa la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida tomaría estado parlamentario. Pasó el tiempo y desde la entidad volvieron a insistir con la iniciativa enviando una carta a los nuevos legisladores.

El proyecto apunta a que las técnicas de fertilización sean abarcadas por las obras sociales y empresas de medicina prepaga con el fin de que la cobertura de tratamientos sea incluida en el programa Prestaciones Médico Obligatorias (PMO). En la actualidad, excepto el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) y la que cubre a empleados de comercios, las demás prestatarias no contemplan estos tratamientos, al menos los de mayor complejidad.

“Es urgente que se apruebe una ley por dos razones puntuales: en primer lugar para evitar que los centros privados sigan poniendo el precio, que es altísimo; y en segundo lugar, para que la Justicia tenga una argumento sólido al momento de resolver a favor en los casos en que se reclama ante los estrados estas prácticas”, puntualizó a El Diario, la presidente de Sumate, Alicia Silvan. Uno de los argumentos es que en los lugares donde ya rige una norma, los fallos suelen dejar en claro que los problemas de fertilización “es una enfermedad”.

Números

En las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Cruz rige una normativa. “Las cosas han cambiado notablemente. Los amparos presentados para autorizar estas prácticas, por ejemplo, salieron todos a favor. Pero también los precios de los tratamientos bajaron notablemente”, apuntó la consultada.

Un estudio de baja complejidad ronda entre los 3.000 y 5.000 pesos, según la medicación y los estudios que se deba realizar el paciente. Los de alta complejidad pueden llegar a 25.000. Sin embargo, en las provincias donde los hospitales públicos realizan los tratamientos, los de alta complejidad bajaron estrepitosamente hasta 6.000 pesos, reveló Silvan. No fue otra cosa que romper el monopolio privado.

“En Entre Ríos de cada seis parejas, tres tienen problemas de fertilización. Estamos en la tercera provincia que padece esta problemática, incluso en casos de menores de 35 años”. Este es otro dato revelador que aporta la titular de la entidad para insistir en el carácter de “urgente” que tiene la promulgación de la ley.

El proyecto que la ONG pretende que la Legislatura estudie, establece que los beneficiarios que requieran la aplicación de técnicas de reproducción deberán manifestar la expresa conformidad en un consentimiento informado, pudiendo dejar sin efecto dicho consentimiento antes de producirse la fecundación.

También serán beneficiarios de estas técnicas aquellas personas que deban ser sometidas a procedimientos médicos que afecten su fertilidad (radioterapia, quimioterapia u otros).

En el caso de la conservación de embriones in vitro –según el boceto–, se requerirá de la autorización de los beneficiarios para proceder a la embriodonación de aquellos embriones que no transfieran en el plazo de 5 años, el cual podrá ser prorrogado por igual período. Y la autoridad de aplicación arbitraría los medios para preservar la información que se requiera.

Uno de los problemas que se suscitaron en un principio es la inversión que se debería hacer, pero Silvan confía en el aporte del Estado “para un problema que crece de forma regular”.