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Intelectuales contra la historia oficial

En la lista aparecen e sumaron Natalio Botana, Beatriz Sarlo, Carlos Altamirano y José Emilio Burucúa. Apuntan al gobierno por querer “identificar una corriente y una determinada mirada histórica con el Estado, convirti&eac

Unos 200 historiadores, profesores universitarios e investigadores con acreditados méritos académicos suscribieron un documento que cuestiona la creación del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico y denunciaron la intención del Gobierno de “avanzar hacia la imposición del pensamiento único”.

Historiadores de la talla de Tulio Halperin Donghi y Luis Alberto Romero, a los que se sumaron Natalio Botana, Beatriz Sarlo, Carlos Altamirano y José Emilio Burucúa, entre otros intelectuales, estamparon su firma para disentir del instituto que destinará recursos oficiales a la reivindicación de Manuel Dorrego, Juan Manuel de Rosas, Martín Miguel de Güemes, Facundo Quiroga, Juan y Eva Perón, e Hipólito Yrigoyen, entre otras figuras a las que el Gobierno les quiere dar dimensión de próceres.

En pocos días se multiplicaron las adhesiones al documento crítico, que redactaron los historiadores Hilda Sábato, Mirta Zaida Lobato y Juan Suriano, para cuestionar la puesta en marcha del instituto que conducirá el ex secretario de Cultura del gobierno de Menem Mario “Pacho” O Donnell .

Como informó La Nación, el lunes último, el decreto 1880/2011 instruyó a O'Donnell y a los otros 12 miembros de la comisión directiva del instituto a rescatar a quienes «defendieron el ideario nacional y popular ante el embate liberal y extranjerizante”.

“Entre los próceres ignorados que hay que reivindicar aparece San Martín”, advirtió Marcelo Cavarozzi, doctor en ciencia política e investigador de la Universidad Nacional de General San Martín, al describir a La Nación las inconsistencias de la iniciativa oficial.

Para el investigador Vicente Palermo, presidente del Club Político Argentino, lo más grave es “la disposición a identificar una corriente y una determinada mirada histórica con el Estado, convirtiéndola en historia oficial”.

“Crear una institución estatal cuyo objeto es imponer una forma perimida de hacer historia y una visión maniquea de ese pasado constituye un hecho grave que conspira contra el desarrollo científico y la circulación de diversas disciplinas historiográficas”, advierte el crítico documento, suscripto por historiadores de reconocida actuación, investigadores jóvenes y becarios.

Rubrican el pronunciamiento los profesores Klaus Gallo, Horacio Tarcus, Pablo Buchbinder, Andrea Giunta, José Emilio Burucúa, Laura Malosetti, Mariano Plotkin, Eduardo José Míguez, Silvia Finocchio, Andrea Matallana, Fernando Rocchi, Mónica Ghirardi, Inés Tojkind, Pablo De Titto y Beatriz Ruibal, entre otros historiadores.

Sumaron su adhesión, desde otros campos, el sociólogo Marcos Novaro, la profesora en letras María Teresa Gramuglio, el artista Luis Príamo, el cantante Andrés Stagnaro, el poeta Ricardo Ibarlucía, la doctora en filosofía Diana Cohen Agrest y la escritora y periodista Sylvina Walger.
“Nos alarmamos por el contenido del decreto y quisimos compartir nuestra preocupación con los colegas”, explicó ayer Hilda Sábato, sorprendida por la rápida respuesta que tuvo en una semana el texto que enviaron por correo electrónico a miembros de la comunidad historiográfica.

Experta en historia política y social de la Argentina, Sábato es profesora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Conicet. Lobato es historiadora social, docente de la UBA y autora de estudios sobre la mujer y los trabajadores. Suriano, también historiador social, es un experto en el pasado del anarquismo.

“El documento no es una crítica al Gobierno, sino a un acto concreto, que afecta a la profesión, a la historia como campo de conocimiento”, explicó la investigadora, al referirse a una disciplina dinámica que en los últimos 30 años se renovó y aggiornó, y que responde a los cánones historiográficos de todo el mundo”.

El investigador Cavarozzi explicó que la creación del instituto “muestra una visión que no tolera las manifestaciones de las escuelas académicas serias, críticas y sistemáticas” y observó que «ni siquiera se propone hacer revisionismo”.

Dijo, al respecto, que «en todos los países de la región se analizan historias comparables para atender las discrepancias entre figuras de la historia, pero no se potencia la confrontación presentándolas como blanco o negro». Coincidió con Palermo en que «lo más preocupante es que aparece patrocinado por el Estado».

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