Intolerancia

Hace un tiempo buena parte del Ministerio Público Fiscal mantenía una muy buena relación con Página Política. Siempre en el marco de esa correspondencia que un integrante de cualquiera de los tres poderes del Estado suele tener con la prensa que es por la que se canaliza, en definitiva, el derecho a la información.

Eran tiempos en que la noticia pasaba por las denuncias contra Sergio Urribarri que, en ese momento, presidía la Cámara de Diputados. Y otros ex funcionarios que seguían ocupando cargos en la gestión. La mayoría de esas denuncias fueron formuladas por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet. También por el entonces senador radical Raymundo Kisser.

En la Procuración General había buena recepción con este sitio, que difundió en 2016 y 2017, cada una de las denuncias presentadas que luego se convirtieron en causas y que en estos días se están juzgando las más importantes. Jorge García y Cecilia Goyeneche mantenían una buena relación con los periodistas de este medio. No tanto, quizás, como con otros. Pero había un ida y vueltas entre funcionario y periodista. Había también un lector que saludaba desde el Me Gusta en las redes sociales la cobertura de aquellas denuncias a dirigentes políticos.

Los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, sin quererlo y en cumplimiento de sus funciones, rompieron esa relación que este sitio supo tener con la cabeza del Ministerio Público Fiscal (y algunos lectores) cuando allanaron el estudio contable Integral Asesoría, de Pedro Opromolla, imputado en la causa contratos truchos y ex trabajador de la Cámara de Diputados a instancias de Urribarri, quien firmó su contrato el día el 23 de enero de 2018, como publicó oportunamente este sitio.

Del allanamiento a ese bufete surgió la relación comercial entre Goyeneche y el imputado, que fue negada en audiencia pública por la procuradora y luego, tras la aparición de una segunda propiedad con Opromolla, debió apartarse de la causa explicitando un supuesto mal desempeño. Los integrantes del estudio contable en cuestión, a diferencia de los integrantes del otro bufete investigado, fueron beneficiados nada más ni nada menos que con la libertad. Con Opromolla supo trabajar Sebastián Orlando, el marido de la procuradora suspendida que será investigada.

Luego de esas relevaciones fruto del prolijo trabajo de Aramberry y Yedro se convocó como testigo en la causa contratos a Mario Deiloff, un motomandado del estudio Integral Asesoría que reconoció frente a Goyeneche que su marido Orlando efectivamente trabajaba con su socio en las propiedades. Al otro día fue allanado. Nada de andar incomodando a nadie de la casta judicial.

Lo cierto es que lo relatado hasta aquí, como también las denuncias contra el ex gobernador y ex funcionarios, fue publicado en Página Judicial. Eso determinó que García y Goyeneche corten el diálogo con el sitio. Y que lectores dejen de hacer clic en el Me Gusta e incluso retiren al medio de su lista de favoritos.

Luiz Inácio Lula da Silva es uno de los hombres más importantes que quedará registrado en la historia latinoamericana del Siglo XX. Asiduo en conferencista en las plataformas diplomáticas de la Unión Europea y columnista frecuente del New York Time luego de haber sido elegido dos veces presidente en el país que es la sexta economía mundial fue encarcelado durante casi dos años por sospechoso de haber adquirido un departamento de manera ilegal. Luego la Justicia desestimó esa sospecha.

En Paraná una apertura de causa contra una procuradora adjunta (sólo abrirla y ver qué sucedió) significa para un sector minoritario una herejía motorizada por las mafias.

¿Mesura, a quién?

La Asociación de Magistrados de Entre Ríos salió a pedir “mesura” a la prensa por la filtración de información que luego se convertiría en oficial.

La primera persona en reaccionar públicamente por los trascendidos fue la doctora Goyeneche, que le brindó una entrevista a La Nación, luego de que el matutino publicara la información no oficial en una nota donde la colocó en el lugar de víctima y sin explicar la procedencia de la denuncia.

El devenir de los hechos, en el ámbito de la especulación, supone que el ex gobernador y actual embajador en Israel va a ser condenado a fin de año o a inicios del que viene. Se puede inferir que su cuñado Juan Pablo Aguilera también correrá con esa suerte.

Si esa especulación de muchos se confirma ¿cuál será el relato de quienes creen que el mal momento de la procuradora adjunta está vinculado a la búsqueda de impunidad por parte de Urribarri y compañía?

El Poder Judicial transita la crisis institucional más grave que se conozca. Integrantes del Jurado de Enjuiciamiento esquivan la literalidad de la ley corriendo a los fiscales del proceso en el que deberían acusar. Éstos, firman cartas de apoyo a Goyeneche y pretenden ser a la vez la parte acusadora de su jefa que comanda un organismo que se jacta de ser vertical. El viernes se realizaron las jornadas “del fuero penal”, lo que debió ser un debate entre fiscales, jueces y defensores sobre el servicio de justicia terminó siendo un evento que quedó en manos de fiscales que propusieron emitir un documento en apoyo a la procuradora. Esta vez se divulgó sin firmas. Acota una jueza de la costa del Uruguay que hubo disgusto por una mayoría que viajó hasta Victoria y se encontró con una tribuna #TodosPorCecilia.

En el Ministerio Público Fiscal, satélites y algunos lectores tienen aún tiempo para seguir fagocitándose leyendo los medios porteños que, a excepción de Jorge Riani en La Nación, cuentan una historia sesgada, incompleta y por momentos directamente irreal.

A continuación, apenas algunos capítulos del 6,7,8 de la Procuración General de la provincia de Entre Ríos. ¿Habrá sido este el pedido de “mesura” del que habla la Asociación de Magistrados?