Jorge Rodríguez estuvo este viernes ante las fiscales Patricia Yedro y Carolina Castagno. En la audiencia se sustanció la remisión de causa a juicio del expediente en el que se investiga el supuesto delito de desvío de fondos públicos para sostener un emprendimiento educativo. El ex director de Vialidad, aparentemente, utilizó fondos del organismo para sostener la Escuela Privada Número 235 “Heraclia Ruiz Díaz”, inaugurada el 5 de diciembre del 2014 anunciada como “la primera escuela vial del país”. El Tribunal de Cuentas había iniciado una investigación que destaca varias irregularidades en la creación de institución educativa, tanto en el trámite de otorgamiento de la autorización para funcionar desde el Consejo General de Educación (CGE), como en el uso de los fondos públicos para un fin distinto al de su otorgamiento y sin existir contraprestación en beneficio del organismo. En la causa están involucrados también Néstor Kemerer y Mario Heyde, ambos funcionarios de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

Ante los fiscales y el juez de Garantías, José Eduardo Ruhl, el abogado Miguel Cullen sostuvo que “los hechos no constituyen ningún tipo de delito” y que “no se puede sostener que la creación de una escuela constituya un delito”. La defensa argumentó que “es un derecho constitucional el derecho de las personas a ser educadas y el Estado debe garantizar la educación pública”.

Javier Martínez, abogado de Kemerer, dijo a su turno que “los funcionarios actuaron de buena fe y persiguiendo el bien común” y que “Vialidad puede hacer una escuela vial porque no es una actividad notoriamente extraña al objeto de su actuación”.

La Ley N° 2.936 de creación de Vialidad no contempla la creación de una escuela y en este caso el proyecto educativo se sustenta con fondos de Vialidad. Un detalle: el establecimiento sigue funcionando y todos los años se va sumando un grado, corroboró Página Judicial.

Los abogados de Rodríguez solicitaron el sobreseimiento, pero la fiscal Castagno la rechazó e introdujo el delito de peculado. La defensa no descarta ir a Casación.

El ahora sub interventor del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) también había incurrido en el mismo delito en una campaña solidaria con la comunidad wichi, en Chaco, según se desprende de la denuncia penal promovida por los diputados provinciales por la oposición Jorge Monge y María Emma Bargagna (mandato cumplido), con el patrocinio de los abogados Rubén Pagliotto y Ramiro Pereira. Pero esta parte de la denuncia quedó afuera.

En la defensa, Cullen estuvo acompañado por Guillermo Vartorelli. No hubo presencia de los denunciantes.

Ramificaciones

Cuando se judicializó la denuncia periodística del periodista Jorge Riani en Análisis hubo movimientos en el seno de Vialidad, reveló oportunamente Página Judicial.

El contador Valeriano Rubén Arioli, director de Administración y Finanzas, presentó su renuncia por las implicancias que podría tener las derivaciones de la investigación que lleva adelante el Tribunal de Cuentas.

En el lugar Arioli, Rodríguez designó a otro hombre de su confianza, Omar Gulla. No es contador, que sería un requisito, pero la confianza se impuesto ante la ciencia. Este hombre es secretario de Deportes del sindicato de los viales (Soever). Pero su principal curriculum es haber manejado hasta hace poco el área de “viáticos”. Ese sector, que en Vialidad es algo así como el Banco Central, recibió reproches del Tribunal de Cuentas. Si hubo quejas del organismo de control las maniobras deben ser obscenas.