Se podría decir que José Ángel Allende está condenado al éxito en la Justicia. Debe ser de los dirigentes más denunciados, no durante la última época, sino desde el 83 a la fecha. Periodísticamente se ha revelado un supuesto incremento patrimonial durante años en que fue y es diputado. Lleva cinco mandatos. También es el mandamás de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
Exactamente hace un año, a propósito de la efeméride, el legislador de Nogoyá estaba supuestamente en la puerta del cadalso. Renunciaría a su banca y entregaría parte de su patrimonio mal habido. Incluso se divulgó un borrador con los bienes de los que se desprendería como parte de un acuerdo judicial.
Quien ventiló la lista de lo que se entregaría fue el abogado Marcos Rodríguez Allende, de palabra fácil. En tribunales también vociferó la jugada que estaba preparando. Ante la posibilidad de aferrarse a un juicio abreviado con entrega de parte de su patrimonio incluido, voces se mostraron en contra de esa posibilidad. Lo cierto es que la historia terminó en la nada. Ni se hizo el juicio abreviado ni el diputado resignó nada. La Justicia se llamó a silencio, las voces críticas se adjudicaron haber volteado esa maniobra y el legislador sigue gozando de sus bienes. Todos contentos.
Allende, sin embargo, irá a juicio. Fue convocado al banquillo de los acusados en una causa por amenazas contra el periodista Martín Carboni. El fiscal Álvaro Piérola adelantó en audiencia que pedirá la pena de 2 años y 6 meses de prisión condicional.
Es el delito más sencillo por el que se lo investiga al diputado y sindicalista si se lo compara con el de enriquecimiento ilícito y desvío de fondos cuando presidía la Cámara de Diputados a la entidad de su esposa. No hay novedades sobre éstas peripecias, según rastreó Página Judicial de varias fuentes.
Es entendible que la causa por amenazas se haya elevado a juicio en meses porque la misma se sustanció bajo los cánones del nuevo sistema acusatorio, que acortó notoriamente los procesos judiciales. Todas las denuncias anteriores que lleva la fiscal Laura Cattáneo, sin embargo, están bajo el viejo sistema.
Lo que llama poderosamente la atención es que algunos legajos complejísimos como los que tiene como principal imputado a Sergio Urribarri estén para ir a juicio, mientras que el de Allende que lleva años y es claramente menos voluminoso que los del ex gobernador esté en un limbo permanente y bajo la protección del repetitivo artilugio: se está peritando el patrimonio.
El 25 de febrero de 2014 este sitio publicó un informe que daba cuenta del estancamiento de causas que tenían como implicados a dirigentes. La Procuración General emitió un comunicado diciendo que “no existían tales estancamientos procesales”. Entre ellos estaba la causa Allende.
¿Tanta es la diferencia entre un sistema y otro? ¿Cuál es la diferencia en solicitar y responder una pericia con el Código Procesal anterior y el reformado? ¿En casi cuatro años no se pudo peritar los bienes de una persona? La sensación que empezó a sobrevolar en algunos actores de la Justicia, fuera y dentro de tribunales, es que “al ruso lo van a perdonar”. Pero no se sabe por qué.
