La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio por finalizado un conflicto que llevó años y en el que se dirimieron dos cuestiones: la potestad del Estado para recuperar un espacio público y plantear un debate en torno al cuidado del medio ambiente.
El máximo órgano de justicia del país rechazó un pedido para que se revea una sentencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que había ordenado hace más de un año y medio la “demolición y desmantelamiento” del barrio náutico Amarras de Gualeguaychú, situado en la localidad de Pueblo Belgrano, por su “impacto negativo sobre el medio ambiente”, ya que las obras de elevación de la tierra que se hicieron para construirlo provocaron “la crecida del río e inundaciones”. La empresa que se encargó del proyecto inmobiliario fue la empresa Altos de Unzué SA, constituida el 26 de marzo de 2008, con domicilio en calle Teniente General Juan Domingo Perón 1410, cuarto piso, en la Ciudad de Buenos Aires. Como socios figuran Claudio Gabriel García Tricoli y Carlos Alberto Mica. Aquí la historia judicial en dos notas:
Lo cierto es que con esta decisión se deberá recomponer la situación ambiental del lugar. “Tienen que desarmar la porquería que hicieron y recomponer el río, sacar los obstáculos que pusieron, devolver los árboles que sacaron”, indicó Julio Majul, uno de los abogados que llevó adelante el caso al aire de R2820 Radio. Aunque lamentó que “el humedal, quizás, ya no vuelva a formarse aunque se repongan las cosas que estaban en el lugar”. En esa línea, marcó la importancia de este fallo: “A partir de ahora tendrá que tenerse en cuenta esta sentencia para otros casos”.
Lo colectivo
La decisión de recuperar ese espacio fue del intendente Martín Piaggio. “Pasó más de una década, cargada de organización, de reclamos, de medidas judiciales, de acusaciones y de todo tipo de argumentos. La sociedad civil organizada, ONGs y profesionales de la ciudad asumieron este enorme compromiso con el cuidado del ambiente y la vida, han dedicado mucho tiempo y recursos para llegar hasta esta instancia definitiva”, repasó el jefe comunal de Gualeguaychú. Y agregó: “En 2015 llegamos al gobierno convencidos de lo que teníamos que hacer. De hecho, el segundo día de mi gestión tuvimos la primera reunión con las organizaciones ambientalistas y grupos de personas autoconvocadas, para acompañarlos y delinear acciones en conjunto. “Es un triunfo enorme de la comunidad de Gualeguaychú, de la vida y el ambiente”. En rigor, en agosto de ese año Juan José Bahillo dio el punto inicial a lo que luego se transformó en un largo camino judicial.
Era la última instancia judicial que Altos de Unzué y la Municipalidad de Pueblo General Belgrano tenían. Hoy, tras este fallo, el proyecto Amarras es caso juzgado. Lo que configura un hito en la jurisprudencia en la defensa del ambiente, de nuestros recursos naturales, de la salud y de la vida.
“El conflicto fue muy largo, creo que eso merece el doble de reconocimiento a quienes trabajaron en defensa de nuestro río y de nuestro futuro”, expresó Piaggio, al referirse al proceso que se inició allá por el 2012, cuando comenzaron los desmontes, las quemas y el pedido a la Municipalidad de Pueblo Belgrano para ampliar el ejido municipal.
Ante esta situación la sociedad civil y el Municipio de Gualeguaychú empezaron a realizar pedidos de información sobre el mega emprendimiento. En 2015, el gobierno provincial emitió un Certificado de Aptitud Ambiental al proyecto, a condición de cumplir cuatro requisitos: un plan de contingencia para inundaciones; uno para el tratamiento de residuos; otro de provisión de agua y, el cuarto, para el tratamiento de efluentes.
