Pasaron 10 años para que el sistema judicial de Entre Ríos termine de resolver la causa que involucró a los principales contratistas del Estado en la obra pública en el legajo cuyo proceso investigó delitos de corrupción en torno a la organización de la Cumbre del Mercosur realizada entre el 14 y el 18 de diciembre de 2014 en Paraná.
Los empresarios Miguel Marizza, Néstor Iván Szczech, Rubén Grasso y Daniel Hereñú acordaron en 2022 la suspensión del juicio a prueba por dos años y el pago de una reparación total al Estado de 10 millones de pesos por haber sobrefacturado los gastos de la organización del evento diplomático al que asistieron Cristina Fernández de Kirchner, y los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro; de Uruguay, José Mujica; de Bolivia, Evo Morales; de Brasil, Dilma Rousseff; y de Paraguay, Horacio Cartes. El marco político, en Entre Ríos, tenía al entonces gobernador Sergio Urribarri como precandidato a presidente. No estaba en marcha aún la campaña sueño entrerriano.
El sobreprecio estimado surgió de la comparación entre los montos que se pagaron a las empresas subcontratadas y los valores que las firmas constructoras le facturaron al Estado provincial.
En la suspensión del juicio a prueba (probation) -acordado entre las defensas y el entonces fiscal Juan Malvasio – debieron también hacer aportes por 2 millones de pesos a entidades de bien público y otros 500 mil pesos al Estado en concepto de reparación económica.
Alicia Benítez, por entonces titular de la Dirección Provincial de Vialidad y coordinadora general de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur, no pudo acceder a una suspensión del juicio a prueba por su condición de funcionaria pública y por tratarse de un delito que habría cometido en el ejercicio de sus funciones.
Según supo Página Política, la ex funcionaria está en tratativas de un abreviado. El fiscal, a cargo ahora de la causa, es Gonzalo Badano.
De acuerdo con las planillas que el Poder Ejecutivo remitió al Tribunal de Cuentas y a la Legislatura, la Cumbre del Mercosur le costó al Estado provincial unos 152 millones de pesos. De ese total, la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción administró alrededor de 46 millones de pesos que fueron distribuidos mayoritariamente entre cuatro empresas: Caballi SA, (Marizza), percibió 11.722.585 pesos; a Szczech & Szczech, (Szczech), se le adjudicaron obras por 9.066.678,40 pesos; Construcciones Electromecánicas y Civiles (Cemyc), (Grasso), efectuó trabajos por 13.307.506 pesos; y Organización Integral Constructora SA (Oicsa), (Hereñú), efectuó obras por 5.784.289 pesos.
También la empresa Luis Losi SA realizó trabajos por 535.184,34 pesos, en el marco de un convenio de colaboración entre la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur, creada especialmente para canalizar los gastos de organización y la logística del encuentro, y la Cámara de la Construcción.
Lo que se determinó en la investigación es que las empresas Caballi SA, Szczech & Szczech, Cemyc y Oicsa, a su vez, subcontrataron las tareas que eran ajenas a su rubro, por ejemplo, la colocación de flores y plantas, la provisión de servicios de audio y video, tapizado de sillas o el suministro de sistemas contra incendios, entre otras.
Este martes se llevó a cabo la audiencia en el salón número 3, en la que la jueza de Garantías, Marina Barbagelatta, dio casi por finalizado el proceso.
Fuente: Página Política
