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Juicio a Urribarri

La desintegración

Un hecho histórico cuyo proceso debe leerse también en términos políticos. Los actores que se cruzan. Los permitidos en la construcción del poder que pasaron los límites.

Sergio Urribarri ha sido condenado. Un ex gobernador justicialista, en dos oportunidades, se sentó ante un tribunal durante un gobierno de su propio partido. Es la primera vez que esto ocurre en la historia entrerriana. Se acreditó prueba contundente para llegar a la pena y también quedaron dudas sobre actos administrativos en los que recayó el martillo de la justicia. Allí habrá hilo para cortar.

La trama en el que se juzga a un mandatario y funcionarios de su gestión no puede no tener elementos de la política que hayan incidido en la investigación. El devenir de un juicio es, también, una novela de lealtades, traiciones, intereses.

Urribarri fue denunciado el 21 de diciembre de 2015, es decir 11 días después de haber finalizado su segundo mandato y haber asumido la presidencia de la Cámara de Diputados.  El autor de la denuncia fue Rubén Pagliotto con el acompañamiento de Guillermo Mulet. Ambos, de origen radical, supieron tener una relación con Rogelio Frigerio en los albores de Cambiemos en el poder. Son los mismos que denunciaron a la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche ante el Jurado de Enjuiciamiento. Los aplaudidores del primer caso se convirtieron en detractores de los letrados en el segundo episodio.

Los fiscales que actuaron en la causa que acumuló cinco legajos fueron varios. La investigación estuvo a cargo en el inicio de Santiago Brugo, quien bajó el protocolo para actuar en casos de corrupción en la provincia. La tarea de los demás fiscales fue ardua. Se trabajó en equipo y con toda la estructura del Ministerio Público Fiscal. Patricia Yedro hizo un alegato en el que concatenó uno por uno los hechos y elementos que se recabaron en la pesquisa. Fue contundente. Lo mismo el presidente del tribunal José María Chemez, que se tomó 12 horas para argumentar las penas.

Que la denuncia se haya realizado el 21 de diciembre de 2015 y el primer allanamiento clave el 1º de agosto del año siguiente, donde se incautó buena parte de la prueba almacenada en un disco rígido, explica la lectura errática de la realidad que hizo el ex mandatario y su entorno. Ahí, en ese dispositivo que se secuestró y que el día del allanamiento se intentó tirar por una ventana, estaba casi todo. Entre una fecha y la otra pasaron ocho meses. Cualquier sospechoso, en ese caso, se deshace de todo lo que pueda tener encima y lo comprometa. Acá no pasó. Convencerse de que las cosas no van a pasar a mayores, de que todo es controlable, creer que quien gobierna es del palo y con la rosca alcanza.

Intereses

No había pasado un mes de la denuncia que un importante funcionario de los gobiernos de Urribarri acercó a Fiscalía documentación sensible que complicaron aún más la situación de quien había sido su jefe. Un despechado que hoy – por necesidades e intereses-  cuenta con el apoyo de quien entregó de pies y manos. La política es así, el poder, la realpolitik. No lo vas a entender.

La anécdota es tremenda e ilustra la desintegración de un colectivo que ya no es.

Las crónicas políticas desconocen de expresiones de apoyo por parte del peronismo, más allá de algunas a título personal, como la de Carolina Gaillard en las últimas horas. Como sucedió aquel 21 de diciembre y durante todos estos años, el denominador común fue el silencio. Ese urribarrismo que parecía moverse en bloque se esfumó cuando su fundador apenas dejó de tener la lapicera ejecutiva. La oposición sólo sacó rédito todos esos años en algunos ámbitos, menos en el legislativo, donde Urribarri seguía teniendo una lapicera.

Urribarri se defendió en juicio apuntando a sectores con los que no había tenido problemas cuando gobernó, cuando se estaban produciendo los hechos que este jueves el Poder Judicial les fijó pena.

El embajador en Israel fue condenado en un proceso inédito para la institucionalidad de Entre Ríos. Indagar en la trama permite prever que termina una etapa.

Fuente: Página Política
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