La Cámara de Diputados de la provincia aprobó una resolución por la que se rechaza un pedido del Ministerio Público Fiscal para que se aporte toda la información relativa a contrataciones, laborales y de otro tipo, desde el presente y hasta 10 años para atrás.
El pedido se formula en el marco de la causa que investiga el fraude al erario público a través de contrataciones laborales truchas en la Legislatura.
La resolución que rechaza el exhorto judicial fue votada en la sesión del martes por los integrantes de todos los bloques, a excepción de la legisladora del PRO, Ayelén Acosta.
El texto aprobado no incluye argumentos que fundamenten el rechazo. Según supo Página Política, en Diputados se consideró que el pedido debiera precisar la investigación en curso, los funcionarios o legisladores señalados, etcétera. Unos de los argumentos para rechazar la solicitud de los fiscales era “desproporcionada” y podría afectar “los derechos humanos del personal contratado”.
“No contamos como Legislatura con los movimientos de los últimos 10 años del Poder Judicial cuando tramitaron los pedidos de juicio político a los vocales del Superior Tribunal”, mencionó un legislador como primer argumento y sugirió que habría “una intromisión de un poder sobre otro”.
“Se piden todos los contratos, laborales, de alquiler, de funcionamiento, de contratación del servicio de agua. Todo. Son tres camiones de documentación”, graficó.
En la Cámara de Senadores ingresó un exhorto judicial de similares características.
