El gobierno nacional dejó cesantes a 2.400 trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos.
Se trata de trabajadores que se desempeñaban a lo largo y ancho del país en causas vinculadas a los derechos humanos. En el caso de Entre Ríos, la motosierra de Javier Milei recayó sobre dos abogados: José Iparraguirre y Lucía Tejera.
Los entrerrianos, además de tener un reconocido desempeño en las causas por delitos de lesa humanidad, han sido querellantes en casos donde se investiga la violencia institucional. Por ejemplo el asesinato de Gabriel Gusmán, fallecido luego de que una bala reglamentaria de la Policía le ingresara por la nuca.
Estas causas, que suelen padecer el silencio de los partidos políticos, las llevan adelante estos abogados. Además de realizar minuciosos informes sobre el estado de las comisarías en la provincia.
Sus despidos también padecen el silencio, excepto de los organismos de derechos humanos. Los trabajadores y trabajadoras del Registro Único de la Verdad de la provincia repudiaron enfáticamente los 2.400 despidos y la desarticulación de las políticas públicas en derechos humanos. “El gobierno nacional, que hizo campaña prometiendo que ‘la casta’ pagaría el ajuste, viene golpeando duro a la clase trabajadora, ensañándose particularmente con sectores a los que les mantuvieron contrataciones basuras durante años y que hace un tiempo vienen vulnerándoles sus derechos laborales”, expresaron desde el Registro.
“Iparraguirre y Tejera han sido despedidos con más de 15 años de antigüedad en la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, habiendo sido ‘avisados’ el 23 de diciembre que a partir del 31 de diciembre no se renovarían sus contratos. Una muestra más de lo siniestro e inhumano de éste gobierno nacional que un día antes de navidad dan aviso que el mismo año nuevo sus familias quedarían sin trabajo”, se manifestaron desde la Multisectorial de Derechos Humanos de Entre Ríos.
Los organismos advirtieron al gobernador Rogelio Frigerio “que no emule al presidente Milei y que las políticas de Verdad, Memoria y Justicia no se toquen” y denunciaron que “este diciembre ha sido desarticulado en su totalidad el Programa de Protección de Testigos, víctimas y querellantes de la provincia, dejando de existir”.
Las contrataciones en el Estado, en todos los niveles, se realizan sin demasiados inconvenientes. No se trata de una cuestión presupuestaria, sino política.
El Comité de Prevención de la Tortura, luego de un largo peregrinaje, se integró aunque sin ejecución presupuestaria. A pesar de la soledad en que sus integrantes llevan adelante sus tareas, aún resta renovar los mandatos. Deudas. Las de siempre.
Fuente: Página Política
