Diecinueve gobernadores se encolumnaron con el presidente Alberto Fernández respecto de la disputa por la distribución de la coparticipación, pelea que en este contexto se traduce en lo que sucederá con el punto y medio mayor para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri.
“Cuando se habla de quita, no es una quita sino la recuperación del exceso de fondos que fueron a la Ciudad en detrimento de todos los argentinos”, argumentó en el encuentro con los mandatarios provinciales el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro.
“Junto a otros gobernadores y gobernadoras acompañamos a Alberto Fernández y al ministro Wado de Pedro en una jornada donde analizamos la situación de la discusión por la distribución de un punto y medio de coparticipación que el gobierno anterior otorgó sin justificación a CABA”, manifestó Bordet luego del encuentro.
“Lo dijimos anteriormente: esa asignación de recursos fue inequitativa e inconsulta. Creemos que la distribución de los fondos coparticipables tiene que propiciar el desarrollo igualitario de la Argentina, de acuerdo a las condiciones en las que se vive en cada jurisdicción”, expuso el entrerriano.
Consideró que “el federalismo tiene que expresarse en la distribución equitativa de los recursos coparticipables. La Argentina es una sola, y las personas que viven en cualquiera de nuestras provincias tienen que tener las mismas posibilidades que en los grandes centros urbanos”.
Dijo que el federalismo tiene que expresarse “en la distribución equitativa de los recursos coparticipables. La Argentina es una sola, y las personas que viven en cualquiera de nuestras provincias tienen que tener las mismas posibilidades que las de los grandes centros urbanos”, completó Bordet.
Los mandatarios provinciales del PJ y la UCR tomaron la palabra para calificar en duros términos el traspaso realizado por Macri y alertaron sobre la posibilidad de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que cristalice una medida que entienden como ajena al federalismo.
Abrir el paraguas
El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, dijo en ese sentido que “apoyamos y respaldamos la posición del Presidente” y manifestó que “entendemos que hay una exacción ilegal de recursos por parte de la Ciudad al resto de las provincias”.
“Hablamos de 500 mil millones de pesos en términos constantes”, destacó y sostuvo que “nuestras provincias tienen que financiar la seguridad pública”.
En esa línea, Capitanich dijo que “advertimos de manera clara y contundente a la Corte Suprema de Justicia: nosotros vamos a defender los recursos de nuestro pueblo”.
El mandatario chaqueño fue más allá y dijo que un fallo en favor de la Ciudad implica “violar taxativamente el federalismo vigente”.
“Entendemos que la Corte no puede fallar parcialmente agudizando las asimetrías”, afirmó en declaraciones a Telam y habló de “claro favoritismo” en favor de los porteños por parte del Tribunal.
Por su parte, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, manifestó que le hubiera gustado que la última audiencia judicial entre las partes “hubiera sido pública para que todo el mundo supiera que la Ciudad” le “robó al país” la suma de “500 mil millones de pesos”.
“Si se llega a generar un fallo que voltee una ley que le permite pagar a la Ciudad los agentes, estarían destruyendo el federalismo”, advirtió.
En tanto, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, se manifestó “en defensa de los recursos federales, de un país con desarrollo federal”.
“Aun reconociendo el aporte que demanda la seguridad, tenemos que recuperar esos fondos”, dijo y explicó que “en la misma materia de seguridad son muchas las provincias que los necesitamos”.
En la reunión también participaron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
A ellos se sumaron el vicegobernador Antonio Marocco (Salta) y el fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende.
También participaron, de manera virtual, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y el vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri.
Los gobiernos nacional y porteño tuvieron una audiencia pública el 10 de marzo pasado ante la Corte Suprema de Justicia para tratar de arribar a un acuerdo sobre el diferendo. A partir de allí, el máximo tribunal dio 30 días hábiles, plazo que vence el 26 de abril, para que haya una negociación política entre ambas partes, y en caso de no haber arreglo dictará una medida cautelar.
Fuente: Página Política - Telam
