Hace exactamente un año, el 21 de diciembre, ingresaba en los tribunales una denuncia contra Sergio Urribarri y su familia por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito. La presentación firmada por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet tuvo como base de sustento un informe periodístico de la Revista Análisis en el que se daba cuenta de un crecimiento patrimonial del ex gobernador y su entorno familiar.

El expediente que recayó en la fiscalía de Santiago Brugo disparó otra serie de pesquisas en las que se involucró al ex mandatario y allegados. La Cumbre de Mercosur es una de las causas emblemáticas de este proceso en el que se investigan hechos de corrupción en el seno de la administración pública. Se avanzó en varios frentes.

Hubo allanamientos a los íconos de la “patria contratista” del Estado entrerriano: Miguel Marizza, Ivan Néstor Iván Szczech y Luis Losi. También se allanó a la directora de Vialidad Provincial, Alicia Feltes. Todos formaron parte de la organización del evento internacional que se desarrolló en Paraná en diciembre de 2014. Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y sindicado como su cajero durante los dos gobiernos, fue también sorprendido en su domicilio y su empresa por funcionarios judiciales.

El ex ministro de Comunicación y Cultura y ahora diputado, Pedro Báez, uno de los más estrechos colaboradores del presidente de la Cámara de Diputados, está siendo investigado por negociaciones incompatibles con la función pública y fraude, entre otros delitos.

Hugo Righelato, director de Obras Sanitarias de la provincia, fue detenido luego de que se lo encontrara infraganti en una maniobra para esconder documentación en el marco de una causa judicial en la que se lo investiga por los delitos de peculado y administración fraudulenta. Lo hicieron renunciar.

Abelardo Pacayut había sido el único dirigente político que la historia reciente vio ingresar a la unidad penal. El ex senador justicialista se terminó de morir en la cárcel, no por los años que allí estuvo sino por el deterioro de su salud que arrastraba de hace mucho tiempo. El proceso judicial llevó más de una década.

Los avances, menos en la causa de José Allende en la que siempre desde tribunales se anuncia que está por pasar algo y no pasa, dan la sensación que el cuestionado Poder Judicial comenzó a transitar un proceso diferente pese a que el gobierno es del mismo color que los anteriores.

Mientras todo esto sucedía, la política se llamó a silencio. Apenas hubo una solicitada de respaldo cuando se conoció la denuncia contra Urribarri y compañía. Se siguieron abriendo investigaciones, como la campaña electoral del “sueño entrerriano”, pero no se dijo más nada.

Los dirigentes y los partidos seguieron las investigaciones por lo que se publica a diario. Sin emitir opiniones. Incluso Gustavo Bordet. El gobernador se limitó a decir que cada uno de los poderes del Estado tiene que funcionar independientemente. Un mensaje para el ciudadano de a pie, obvio.

A propósito de esa independencia, el año cierra con dos procesos en el que la política decidirá sobre el futuro de dos integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Carlos Chiara Díaz está a un paso de ser destituido y, en consecuencia por sus dichos, a la presidenta del cuerpo se le abrió un proceso para analizar las pruebas en su contra. Nada de esto hubiese pasado si el año no empezaba como empezó.