Entre las principales consideraciones del texto presentado en el Senado las autoridades del radicalismo sostuvieron que se viola a la Constitución Provincial por no dictarse las leyes correspondientes desde la reforma de 2008.

El Comité Provincial de la UCR impugnó formalmente en el Senado el nombramiento “por acuerdo y sin concurso previo”, del doctor Guillermo Smaldone, como presidente del Tribunal de Cuentas de provincia. Lo hizo en la Comisión de Acuerdos del Senado.

El texto – al que tuvo acceso Página Política – lleva las firmas de su presidente, Jorge Marcelo D’Agostino y su secretario, Elías Eduardo Ruda. El mismo hace hincapié en la violación del artículo 217 de la Constitución provincial, que “estipula ineludiblemente la manera de llenar la vacancia interesada».

El radicalismo reclamó que se admita “la presente impugnación, dando por concluido el proceso de acuerdo y archivando el expediente”, en virtud de las consideraciones vertidas.

Y advirtió la existencia de una “eventual y virtual flagrante comisión de incumplimiento de los deberes de funcionario público, de los señores senadores, debiéndose de abstener de seguir adelante con el procedimiento del acuerdo, bajo pena de nulidad y de ser sometidos a proceso penal”.

También el partido se encargó de afirmar que la Legislatura tiene una deuda con la sociedad después de más de cinco años de sancionada la reforma constitucional del año 2008.

Argumentos

“Se pretende nominar a la Presidencia del Tribunal de Cuentas al ministro de Trabajo, integrante del Poder Ejecutivo, sin cumplir con el requisito constitucional de pasar por el concurso público que obliga la Constitución”, manifestaron desde la UCR. Y aseguraron que para ese lugar se requiere de personas “con la máxima transparencia, imparcialidad y objetividad, considerando precisamente la calidad, responsabilidad y naturaleza de las funciones que rodea cada uno de tales cargos”.

Y agregaron: “Se ha esgrimido como argumento para el envío del pliego, la ausencia de una norma reglamentaria de la Constitución. Una completa paradoja, debido a que si no hay norma de la Legislatura, debiera de haber norma desde el Poder Ejecutivo, tal como la misma constitución obliga al pretendiente”. El artículo 281 de la Constitución se encuentra vigente y es resorte obligatorio del Poder Ejecutivo darle curso. Ese es otro de los argumentos que esgrimieron los radicales.

Más adelante advirtieron que en este escenario “será la justicia penal (la) que evaluará la responsabilidad de quienes, a sabiendas de lo que corresponde, hacen lo indebido”. Acusaron también al Poder Ejecutivo de motivar las demoras de la Legislatura para no reglamentar la carta magna y, así, “quebrar principios éticos” al pretender designar “a un miembro de su gabinete e hijo de un vocal del Superior Tribunal de Justicia, cuya actuación estará sometida a control del tribunal conducido por su hijo”. El vocal es Juan Ramón Smaldone.