En los últimos días se develó una incertidumbre. La misma indicaba que Gustavo Bordet no tenía el más mínimo interés en el Poder Judicial y que eso lo convertía en un principiante. No sería así.
La primera vacante en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) que se produjo con la salida estrepitosa de Carlos Chiara Díaz fue cubierta por Miguel Ángel Giorgio. El nombre del concordiense integró una terna que ofreció Cambiemos. Los otros postulantes eran Hugo Perotti, Ana Clara Pauletti y Julio Federik. Éste último contaba con el beneplácito del oficialismo y la oposición. De hecho, mantuvo conversaciones con el Gobernador hasta días antes en que se decidiera por Giorgio.
La salida de Chiara Díaz y el ingreso de Giorgio suponía un cambio en la Sala Penal respecto a los planteos que se hacen contra negativas de coberturas del Iosper. Malas noticias. Giorgio se acopló a Omar Carubia, que ha hecho de la obra social estatal la meca del derecho a la salud garantizada en la Constitución. Claudia Mizawak suele votar en favor de los intereses del Iosper. Detrás de esta historia puede haber un cierto resentimiento con la mutual del Estado. Cuando Fernando Cañete asumió la presidencia hizo frente a un despropósito que dejaba exento a los funcionarios judiciales de aportar a la obra social. Bernardo Salduna, Emilio Castrillón y Mizawak tuvieron el buen gusto de hacerlo.
Cuando se produjo la segunda vacante, con la jubilación de Leonor Pañeda, surgió la idea de fijar en siete la integración del STJ. Este proyecto tiene resistencia en la mayoría de la comunidad judicial. El Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados y los funcionarios que suelen observar lo que ocurre al otro lado de la Plaza Mansilla entienden que el cuerpo, con tres salas de tres, funciona correctamente.
Bordet mantuvo la idea ante una negativa absoluta. Incluso dejó deslizar que en su opinión personal sería conveniente reducir el alto cuerpo, pero que no haría nada sin consultar y escuchar a todas las partes. Lo hizo hace 10 días ante las autoridades del Colegio de Abogados en Casa de Gobierno. Cuando trascendió la noticia, dos funcionarios adelantaron que la idea no prosperaría. Y fue así. Bordet anunció que Martín Carbonell, con quien hizo la escuela secundaria, reemplazará a Pañeda en la Sala Civil y Comercial. ¿Qué sucedió? El Gobernador dejó trascender la hipótesis de la reducción para evitar que se discutan nombres. En el momento menos esperado hizo público su candidato. Fue un secreto muy bien guardado que, alegan, ya tiene su tiempo. Sólo evaluó que un penalista asuma en el fuero Civil y Comercial, duda que despejó leyendo la historia reciente del STJ: ni Pañeda era civilista, ni Susana Medina de Rizzo laboralista.
Con el caso de la Cámara de Casación Penal de Concordia sucedió algo similar. Ante una inminente puesta en marcha del organismo aparecieron nombres. Uno de ellos era, precisamente, el de Carbonell. El otro el de Guillermo Mulet. Éste fue impulsado por el senador radical Raymundo Kisser; y el dirigente del GEN, Rubén Pagliotto. El mismo candidato se encargó de contar que contaba con el apoyo de ambos, más el de Rogelio Frigerio y de vocales del STJ. No sería conveniente caer en la crítica fácil de que la política no debe meterse en asuntos del Poder Judicial.
La propuesta de Federik en carácter de interino implica un traslado del experimentado abogado a la ciudad de Concordia, lo que hace suponer que detrás de esta designación puede haber otra. ¿Federik concursará para revalidar en Casación, y en Concordia, a esta altura de su vida? ¿O la designación es un trampolín para el premio mayor que estuvo cerca cuando quedó vacante el lugar de Chiara Díaz?
En el STJ y en Casa de Gobierno se hablan de dos posibles vacantes, la Bernardo Salduna y Germán Carlomagno.
