Un proyecto de ley del que es autora la diputada provincial, Gabriela Lena, propone proteger el recibo de sueldo de los empleados estatales activos o pasivos de Entre Ríos, “de toda deducción que no provenga de un organismo judicial o provincial”.
La iniciativa presentada en la Cámara de Diputados prohíbe “todo otro descuento a través de la operación del sistema de Código de Descuento y alcanza a bancos, financieras, mutuales, cooperativas, tarjetas, comercios y cualquier otra entidad autorizada a otorgar créditos, que pretendan hacer operativo directa o indirectamente su recupero a través de ese sistema, aplicado en las liquidaciones de sueldos y haberes de los agentes activos y pasivos de la administración pública provincial centralizada o descentralizada, empresas del Estado, entidades autárquicas, y demás organismos del sector público provincial”.
Este proyecto consta de cuatro artículos, en uno de los cuales, se invita a las municipalidades de la toda la provincia, a adherir a estas disposiciones.
La diputada radical afirmó que, de aprobarse su proyecto, “solo quedará como deducción obligatoria por parte del Estado la referida a embargos judiciales, el aporte jubilatorio, la de la obra social Iosper y/o a la que por ley corresponda, siempre que fuese de un organismo provincial”.
Y añadió: “Con esta ley se eliminan los descuentos directos, aplicable a los préstamos otorgados a empleados activos o pasivos provinciales por distintos entes de crédito, cuando dichos préstamos son devueltos y/o pagados por quienes los han recibido a través de lo que se conoce como código de descuento”.
Recordó que este sistema “se viene utilizando desde hace varios años para beneficio de algunas personas jurídicas que mantienen una relación directa o indirecta con el Estado provincial. Es decir: el Estado provincial se involucra en actos jurídicos de terceros y actúa como organismo de retención, favoreciendo a una sola de las partes a la cual le garantiza el recupero de lo prestado vía deducción del recibo de haberes del deudor”, enfatizó.
Para concluir: “Es innegable que ésta facilidad de préstamos virtual, rápida y sin garantías se ha transformado en un abuso de derecho, debido al alto pago de los intereses y los costos financieros aplicados a estos préstamos, siendo el Estado Provincial cómplice de estas prácticas desleales”.
Fuente: Página Política
