¿Será Gustavo Bordet el gobernador que haga lugar a un reclamo histórico de los gremios estatales, en rigor ATE? Este martes – reveló Página Política – el Gobernador convocó al secretario General del sindicato de estatales, Oscar Muntes, para avanzar en la reglamentación de la ley.
El Régimen Jurídico Básico, que establece un marco regulatorio para ingresar y ascender en la administración pública, fue la consigna más importante que se conoce en materia gremial en los últimos 15 años. En 2004 el tema se ubicó en la primera plana con la asunción de Jorge Busti a su tercera Gobernación. La promesa del entonces mandatario fue música para los oídos de Edgardo Massarotti, quien había sido la cara visible del reclamo social durante el gobierno de Sergio Montiel.
El 15 de agosto de 2006 el Senado dio media sanción al proyecto de Régimen Jurídico Básico. La iniciativa, al tener modificaciones respecto de lo que oportunamente se había aprobado en Diputados, debía volver a esa cámara para su sanción definitiva.
Entre los cambios más importantes se dispuso que el organismo de aplicación sea un ente conformado por miembros designados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, y que duraran seis años en sus cargos. En esa ocasión se eliminaron los artículos que disponían la posibilidad de pasar a disponibilidad a los agentes que ocupen cargos eliminados del presupuesto – por disolución de organismos, por ejemplo. Este punto propuesto por UPCN, según la opinión de ATE, violaba la estabilidad del empleado público prevista por la Constitución del ’33.
El texto votado estableció que la comisión paritaria integraría a los representantes gremiales en representación proporcional a la cantidad de afiliados de cada uno de los sindicatos. Se cumplía con un precepto constitucional, nunca cumplido, que se vincula con la creación de los Tribunales Administrativos. Es así que se creaba un Jurado de Concursos y un Tribunal de Disciplina, organismos que integrarían a trabajadores elegidos por el voto directo y secreto de sus pares.
Todo quedó en suspenso.
La reforma constitucional
En aquel año, el 2006, toda la agenda del peronismo giró en torno a las negociaciones para reformar la Constitución. El radicalismo se negaba a apoyar ese proceso. Para convencer a la oposición, Busti impulsó un paquete legislativo con dos importantes temas: el Régimen Jurídico del Empleo Público y la reforma electoral. Esta última quedó reducida a la ley de internas abiertas simultáneas y obligatorias, conocida como Ley Castrillón, declarada en partes inconstitucional y con proyectos de todo el arco político para que sea derogada.
A fines de 2007, antes de dejar el gobierno, Busti hizo votar en la Cámara de Diputados una reforma a la ley vigente 9.755. Los cambios desfiguraron la esencia que garantizaba transparencia en el proceso evaluatorio del concurso para el empleado público. Se eliminaron las comisiones arbitrales y calificadoras. La función la iba a cumplir la Dirección de Trabajo. La norma 9.811 contó con el apoyo de José Ángel Allende, mandamás de UPCN.
Llegó la reforma y la Constitución de 2008 decretó en su artículo 283 que “hasta tanto se sancione la ley que establezca y determine los cargos políticos sin estabilidad que pueden ser designados sin concurso, los funcionarios de los organismos, reparticiones públicas de la provincia, los municipios y las comunas que gozan de la facultad de nombramiento de personal, no podrán ejercerla en su entidad respecto de sus familiares comprendidos en el tercer grado de consanguinidad o de afinidad, en ningún empleo público permanente”.
Una vez terminada la Convención Constituyente, Busti, entonces presidente de la Cámara de Diputados, presentó otro paquete de leyes para reglamentar los nuevos derechos y garantías incorporados al nuevo texto constitucional. No hubo nada sobre los concursos para ingresar o ascender en la administración pública.
Durante los ocho años, Sergio Urribarri no tuvo la más mínima intención de avanzar en esta dirección pese a reclamos esporádicos y casi formales que hizo el ateísta Miguel Pelandino.
El turno, ahora es de Bordet. El contexto político es otro.
