El ex presidente de Sidecreer Juan José Canosa no sabe todavía cuándo será sometido a juicio, pero tiene la certeza de que los fiscales pedirán que sea condenado a una pena que lo llevaría a la cárcel, en la causa que lo tiene como imputado por haber contratado a empresas que tienen como accionistas a familiares, amigos y allegados
En la audiencia de remisión de la causa a juicio, los fiscales Juan Francisco Malvasio y Santiago Brugo adelantaron que pedirán que el ex funcionario y actual asesor legislativo sea condenado a cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cargos públicos.
Según la acusación que presentaron los fiscales, mientras fue presidente de Sidecreer, entre 2007 y 2015, Canosa direccionó contrataciones a favor de empresas regenteadas por familiares, amigos y allegados.
Los defensores Raúl Barrandeguy y José Candelario Pérez, por su parte, aclararon que “los hechos que fundan la acusación han sido negados en la indagatoria”, por lo que rechazaron la tesis acusatoria y advirtieron sobre el elevado pedido de pena efectuado por los fiscales, porque han admitido que no hubo un perjuicio contra el erario público.
Como sea, Canosa llega al juicio acusado del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
Excelcom SA es una empresa a la que Sidecreer le pagó 936.695 pesos y 716.059 dólares por la provisión de insumos informáticos. La firma que preside María José Cuestas y que tiene a Diego Urba como director comercial fue beneficiada con 15 adjudicaciones entre 2009 y 2014.
A su vez, Carlos Alberto Canosa se dedica, entre otras actividades, a la confección de prendas de vestir desde el año 2005, y su suegra, Gueler, habría oficiado de intermediaria en la contratación con Sidecreer. En el período en que Juan José Canosa fue presidente de la tarjeta estatal, la empresa Texmer se vio beneficiada con siete adjudicaciones en forma directa, por 1.127.286 pesos para la confección y venta de uniformes para el personal de la empresa estatal, remeras, shorts de fútbol, cofias y delantales que eran donados a clubes e instituciones.
El tercer hecho que se le atribuye a Canosa es por la contratación directa de su tío, José Daniel Romero, responsable de la firma JDR Construcciones, que fue beneficiado en nueve oportunidades para realizar tareas de construcción, electricidad, pintura y carpintería para Sidecreer por 107.949 pesos.
En la audiencia de remisión de la causa a juicio los fiscales y los defensores expusieron cuáles son las pruebas testimoniales y documentales que pretenden reproducir en el debate oral y público.
Las partes solicitaron que se convoque a veinte personas a declarar. Entre los testigos se cuentan el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; el contador general de la provincia, Aurelio Miraglio; el senador Raymundo Kisser (Cambiemos); el presidente y la vicepresidenta de Sidecreer, Tomás Proske y Silvia Kupervaser, respectivamente; y el titular del Tribunal de Cuentas, Federico Tomas; el director de Ceremonial, Alberto Fernández, entre otros. También están citados gerentes, contadores y síndicos de la tarjeta estatal, peritos informáticos y tres “periodistas”.
Otro que fue propuesto como testigo es Diego Urba, amigo personal de Canosa. Su declaración fue solicitada por los abogados defensores y objetada por los fiscales a raíz de que por su condición de imputado –se benefició con la suspensión del juicio a prueba y llamó la atención que Barrandeguy lo calificara como “co-delincuente”– no podría hacerlo bajo juramento de decir verdad. En su caso, el testimonio se admitirá sólo si el debate se desarrolla una vez que haya cumplido la probation.
La jueza Paola Firpo adelantó que en cinco días la causa será elevada formalmente a juicio.
