Organizaciones sociales, ambientalistas, de Derechos Humanos, fuerzas políticas y referentes del movimiento feminista, la cultura, la academia y los medios firman una nota dirigida al intendente Adán Bahl.
Madres de Plaza de Mayo, la Corriente contra la Represión Policial (Correpi) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) rubrican el texto en el que se pide al presidente municipal que desista de la demanda iniciada contra los militantes ambientalistas que resistieron la tala de árboles en el marco del ensanche de calle Racedo.
Concretamente, el municipio pide que se libre oficio a la Policía de Entre Ríos para que identifique a los manifestantes. También se solicitó a la Defensoría del Pueblo de Paraná que pase el listado de quienes participaron de las dos instancias de diálogo abiertas con el municipio. El fin de estos planteos tienen que ver con reclamar una suma indemnizatoria de más de 12 millones de pesos “por gastos improductivos por la paralización de la obra” que reclama la empresa a cargo de los trabajos, Demartín e Hijos SRL.
“Entendemos que la protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de las sociedades democráticas y se encuentra protegida por un amplio abanico de derechos y libertades de orden constitucional y convencional y que el sistema interamericano y universal de Derechos Humanos garantizan tanto en la Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre, como en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Declaración de Derechos Humanos de ONU”, se fija posición en el petitorio.
“El derecho a la protesta y a la manifestación está contemplado en nuestra carta magna como forma de libertad de expresión (art. 14 CN) y en varios tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconocen la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 18), la libertad de opinión y de expresión (art. 19) y la libertad de reunión y asociación pacífica (art. 20). De tal forma, los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación garantizan y protegen diversas formas —individuales y colectivas— de expresar públicamente opiniones, disenso, demandar el cumplimiento de derechos sociales, culturales y ambientales. La protesta también juega un papel central en la defensa de la democracia y los derechos humanos”, se añade en el texto.
Remarcan, además, que las denuncias se realizan tras el contexto de una mesa de diálogo abierta en la Defensoría del Pueblo, “en las que se consintieron por parte de la gestión Municipal no solo la mesa de diálogo y la mediación sino que también cambios al proyecto primigenio lo que sienta a las claras un antecedente negativo para la resolución de futuros y eventuales conflictos sociales, culturales o ambientales, obturando de tal forma las solución pacífica de ellos”.
El petitorio y las firmas
