La marcha contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación que motorizan organizaciones sociales y personalidades destacadas del ámbito nacional para este martes tendrá su capítulo en Paraná. El lugar destinado es frente al Juzgado Federal, en calle 25 de Mayo 256. Se está convocando para las 18.

“Este 1F salimos a la calle para reclamar por un Poder Judicial que respete el Estado de Derecho, que se terminen los sótanos de la democracia, la persecución política a lxs militantes populares y el espionaje ilegal en complicidad con los organismos de inteligencia y los medios de comunicación y para que de una vez por todas en la Argentina construyamos una Justicia democrática, para todxs”, dice la convocatoria de la Multisectorial de Derechos Humanos.

En el oficialismo, básicamente, la convocatoria quedó en manos de los organismos de derechos humanos.

Aunque el diputado provincial oficialista, Néstor Loggio, adelantó este sábado que se movilizará. “La convocatoria se centra en una sensación clara que está en el pecho de todos los argentinos y las argentinas: el hartazgo sobre el manejo discrecional y clasista del Poder Judicial y, en particular, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, argumentó el legislador del Frente Grande, que se referencia nacionalmente con Cristina Fernández, pero que en la provincia es uno de las espadas del gobernador Gustavo Bordet en la legislatura.

 

La oposición

En la oposición no se hicieron esperar. El Comité Provincial de la UCR emitió un  comunicado en el que asegura, desde el título, que “marchar contra la Corte es un golpe contra la democracia y la República”.

“La marcha impulsada por el oficialismo no implica la reivindicación de derechos o la pretensión de mejorar su funcionamiento. Tampoco son genuinos los pretextos ideológicos que se sostienen para perseguir la destitución de sus miembros. Lo que está en juego es la necesidad de lograr la impunidad por actos de corrupción y enriquecimiento de importantes dirigentes políticos y sindicales vinculados al oficialismo”, dice el texto. Y agrega: “Se busca destituir la cabeza del Poder Judicial de la Nación o al menos influir en sus decisiones a través de la presión y el apriete.  La gravedad del caso se ve incrementada con el acompañamiento a las acciones destituyentes por parte de funcionarios del gobierno nacional y hasta del propio presidente de la Nación, avasallando la división de poderes y el Estado constitucional de derecho, hasta la titular del Servicio de Inteligencia del Estado llama a marchar contra la Corte.  Es inadmisible que el gobierno nacional se solidarice con esta movilización y la impulse como un claro intento más de desestabilizar, arremeter y controlar al Poder Judicial”.

El PRO también se expresó a través del diputado Esteban Vitor: “Representa un acto de extrema gravedad institucional que atenta contra el principio republicano de gobierno y desestabiliza el sistema democrático” enfatizó el diputado provincial y presidente del Foro Federal de Legisladores del PRO y agregó: “Es inadmisible que sea públicamente apoyada por funcionarios nacionales del Poder Ejecutivo, ya que ello representa un ataque hacia otro poder del Estado, en un claro intento de seguir garantizando impunidad para su espacio político ante las causas de corrupción que muchos de ellos enfrentan”.

“El kirchnerismo no entiende la división de poderes ni respeta la Constitución. Fiel a su estilo presiona a los jueces por no subordinarse al Poder Ejecutivo. Estamos frente a otro de sus atropellos que pretende atentar contra la independencia de la justicia argentina y no podemos permitirlo”, apuntó.

Con relación a la motivación de la marcha, Vitor destacó que la marcha tiene un trasfondo político por defender los intereses de funcionarios y ex funcionarios: “Están muy preocupados por controlar a los jueces y tribunales donde se tramitan las causas de corrupción de la década kirchnerista, no les interesa para nada mejorar el sistema de justicia para todo el pueblo”, argumentó.

El otro sector, identificado con la oposición como es “el campo”, también emitió un comunicado. La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) sostuvo que “se trata de un hecho de una gravedad institucional inusitada que intenta someter y/o expulsar a los integrantes del máximo tribunal judicial de la Argentina en clara y abierta violación a la República y a la separación de poderes que marca la Constitución Nacional”.

Más adelante, desde la entidad aseguraron que se “viven horas de zozobra en la Argentina. No es gratis y carente de consecuencias que se empiecen a desmoronar el Estado de Derecho y los principios jurídicos básicos del país. Resulta necesario que por estas horas todos demos lugar a la mesura y a la responsabilidad y honremos con hechos concretos la democracia que tanto nos costó conseguir”, concluyeron.

Fuente: Página Política