La condena a un joven trans de Santa Elena, Joe Lemonge, a la pena de cinco años y seis meses de prisión, suscitó el rechazo y la movilización de organizaciones militantes por los derechos de travestis, trans y organizaciones feministas.
Hubo una marcha a Casa de Entre Ríos, en Buenos Aires, en la que se denunció “transfobia” de la Justicia de la provincia y se entró un documento en el que se señala que el condenado “fue sometido a un proceso signado por la transfobia, discriminación en su lugar de origen, y sin ningún tipo de acompañamiento terapéutico, asistencia, o ayuda”.
“En un contexto de hostigamiento sistemático y de vulneraciones de derechos humanos (el caso) no puede ser tratado como una agresión más. La justicia no puede ignorar que estos ataques fueron por ser un varón trans, además de que debe meritar el contexto de vulnerabilidad social de Joe y su familia”, se consigna en la crónica de Presentes, un medio periodístico que pone el foco en las temáticas LGBTI.
En la publicación, cubrieron la audiencia en la que se escuchó la condenó a Joe y difundieron el caso los entrerrianos Gisela Romero y Pablo Merlo.
Este lunes, frente a Tribunales, se insistió con el rechazo a la condena. Los convocantes se manifestaron “en estado de alerta” ante un hecho que “violenta nuestras identidades travestis y trans”.
Se criticó la decisión de la jueza Cristina Lía Van Dem Brouke, a cargo del Tribunal de juicio y apelaciones de Paraná con asiento en la Paz. La magistrada dispuso la pena 5 años y 6 meses de prisión para Joe por considerarlo autor material del delito de homicidio en grado de tentativa. “En todo el proceso judicial no reconocieron, ni respetaron la identidad de género de Joe”, se cuestionó.
“Tampoco fue considerada la causal antijurídica de la legítima defensa en un contexto de hostigamiento y persecución por identidad de género que se reiteraron en numerosas oportunidades antes del hecho”, se subrayó en la marcha de este lunes, en Paraná, en la que se cuestionó que “se castigue a quien se defiende de una agresión, del hostigamiento y violencia por ser trans, por no corresponder a los mandatos que son impuestos en esta sociedad machista, patriarcal y heteronormada”.
Los manifestantes repasaron el caso desde su perspectiva: “El 13 de octubre de 2016, Joe fue atacado en su propia casa por tres varones que lo violentaban desde hacía mucho tiempo. Ya lo habían agredido tres veces. Esta última vez, Joe se defendió, e hirió a uno de los agresores levemente pero el imputado fue él”, se afirmó.
Pruebas del caso
El fiscal que entendió en la causa, Santiago Alfieri explicó los elementos que tuvo en el proceso: “Es un caso que empezó a investigarse el 13 de octubre de 2016. Desde el primer día la víctima contó el mismo relato, desde el hospital de Santa Elena, en la entrevista en Fiscalía, hasta el juicio. Siempre contó lo mismo. Fue una situación de un muchacho que fue a comprar al kiosco de Joe. Habían ido (con dos amigos) a comprar en la madrugada, y fueron una vez más casi a las 7 de la mañana. Ante la negativa de Joe, Giménez insistió y como respuesta a golpear las palmas y silbar, salió Joe con el arma y dijo 'váyanse o les pego un tiro'. Al que insistió le pegó un tiro desde 1 metro 88 centímetros en el cuello”.
“No se murió por fortuna, porque el proyectil atravesó el cuello y quedó en la escápula. No le tocó nada vital. Esto es una tentativa de homicidio básicamente porque no hay ningún tipo de agresión ilegítima suficiente y previa para explicar la conducta de Joe, quien tenía un arma calibre 22, que es un original aire comprimido reformado para disparar balas, dentro de su habitación donde atendía ese kiosco”, dijo en entrevista con Uno.
