Por haber sido ministro de Bienestar Social y Educación de la intervención provincial que en Entre Ríos encabezó el brigadier Ricardo Favre durante los años de la dictadura militar de Juan Carlos Onganía, el convencional Marciano Martínez quedará inhabilitado de por vida para ejercer la función pública en la provincia de Entre Ríos.

Ese fue el primer y más notorio efecto de lo aprobado este miércoles por el pleno de la Convención reformadora de la Constitución provincial, que pone a Entre Ríos a la vanguardia nacional en materia de protección del orden constitucional. Es que aquí, a diferencia de lo que dispone la Constitución Nacional y otras constituciones provinciales reformadas en los últimos años, la prohibición para los colaboradores de las dictaduras militares rige en forma retroactiva.

Justamente fue en ese sentido la modificación que propuso sin éxito el convencional de Viva Entre Ríos. La nueva Constitución dirá que los funcionarios que “hayan” ejercido responsabilidad política en los tres poderes del Estado nacional, provincial y municipal, en regímenes de facto, no podrán ocupar cargos públicos en ninguno de los poderes de la provincia o municipios. Martínez quería cambiarle el tiempo verbal, (pretendía que dijese “los que ejerzan responsabilidad política”) de modo que rija para el futuro.

El prestigioso abogado de Paraná marcó como paradojal que, precisamente por ese carácter retroactivo de la “sanción” no podría postularse para concejal de esta ciudad y, en cambio podría presentarse como candidato a la presidencia de la Nación, porque la Constitución nacional se lo permitía.

Aseguró, no obstante, que no planteaba la modificación “por razones personales”, dado que “por mi edad y por no pertenecer a ningún partido político” en la actualidad, el ex referente del MID no creía contar con chances de proseguir su carrera política. Explicó que su planteo iba orientado a respetar la institucionalidad, en tanto “una inhabilitación no puede aplicarse en forma retroactiva” y sólo es posible en caso de “sentencia penal firme”, según indica el Pacto de San José de Costa Rica.

Como presidente de la comisión de Nuevos Derechos, otro abogado de nota de Paraná, Raúl Barrandeguy, le contestó que la reforma aprobada “de ningún modo significa la violación del principio de irretroactividad de las leyes sancionatorias”, por la simple razón que lo que se estaba votando no constituía una sanción sino que fijaba “condiciones de idoneidad” para ocupar cargos públicos.

NNAAPuerta de cuartelesNNCC

Por fuera de estos argumentos técnicos, desde la UCR, Fabián Rogel saludó la reforma y asumió que “el radicalismo se hace responsable de sus aciertos y errores” y que “algunos radicales no van a estar de acuerdo” con el tenor del artículo sancionado, pero “nosotros queremos hacernos cargo de la historia de los errores, de los golpes que fuimos víctima o de si alguno golpeó la puerta de algún cuartel y ocupó un cargo”.

Mencionó que con agrupaciones de detenidos, como La Solapa coincidieron en que no haber hecho retroactiva la prohibición “hubiera sido una especie de hipocresía, de declamación”. Y remarcó: “Estamos dando una definición importante que afecta a todos los partidos”.

Desde el bloque de la Coalición Cívica, que no había presentado proyectos sobre el asunto, Américo Schvartzman expresó su anhelo de que el de defensa del orden constitucional sea “el único artículo que termine siendo letra muerta de la Constitución” provincial, porque jamás sea necesaria su aplicación y recordó los 162 entrerrianos desaparecidos por el terrorismo de estado.

NNAACuando Cáceres pidió la expulsión MartínezNNCC

El diputado provincial, José Cáceres, solicitó al presidente de la Convención Constituyente, Jorge Busti, un “enérgico repudio, eventuales sanciones y si correspondiere, la expulsión” del convencional de Viva Entre Ríos, Marciano Martínez, por la “reivindicación de gobiernos surgidos de facto a través de la supresión de las garantías constitucionales” y el “agravio a las víctimas de esos gobiernos y a los militantes del peronismo”.

Fue mediante una nota que presentó el viernes 14 de marzo a las 22.30 en la Mesa de Entradas de la Convención. El ahora presidente del Partido Justicialista explicó en su momento que la iniciativa fue motivada luego de escuchar al propio Martínez defenderse durante el debate sobre el proyecto del radicalismo que promovía el retiro de una placa del Palacio de Educación que data de la intervención provincial de Ricardo Favre durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, en la cual figura su nombre como ministro de Bienestar Social y Educación.

“Escuché la defensa de la placa que en su propio homenaje se hiciera poner el dictador Ricardo Favre en el Palacio de Educación, por parte del convencional constituyente Marciano Martínez. Si tal defensa es incompatible con su ejercicio de convencional, esto se vio agravado por la falsificación de la historia, los agravios a las víctimas de las dictaduras, los agravios al peronismo particularmente y la desfachatada tergiversación de los principios democráticos que hiciera en esa oportunidad”, sostuvo en el escrito el entonces el vicepresidente del Consejo Provincial del PJ.

Referente del desaparecido Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Marciano Martínez estuvo a punto de integrar la lista de candidatos a convencionales del PJ, pero fue vetado por su participación en la dictadura de Juan Carlos Onganía y terminó integrando la propuesta del peronismo no kirchnerista que encabeza Augusto Alasino.

NNAAEl artículoNNCC

La nueva Constitución entrerriana contendrá el siguiente texto en defensa del orden constitucional:

“La Constitución Nacional y esta Constitución no perderán su vigencia si se dejaren de observar por actos de fuerza o fueren suspendidas, abrogadas o derogadas por otro medio distinto de los que ellas disponen.

Queda garantizado el sistema democrático de gobierno. Cualquier acto de fuerza contrario a esta Constitución, a las instituciones por ella establecidas o al sistema republicano y democrático es insanablemente nulo.

Los funcionarios que hayan ejercido responsabilidad política en los tres poderes del Estado nacional, provincial y municipal, en regímenes de facto, no podrán ocupar cargos públicos en ninguno de los poderes de la provincia o municipios.

Ninguno de los delitos que fueren cometidos en el ejercicio de la función usurpada podrá ser objeto de indulto o conmutación de pena.

Quienes hayan participado en delitos de lesa humanidad o incurrido en su apología, quedan inhabilitados a perpetuidad para ejercer la función pública.

Quedan prohibidas la institucionalización de secciones especiales en los cuerpos de seguridad destinadas a la represión o discriminación de carácter político.

Todos los habitantes de la Provincia tienen el derecho de resistencia legítima contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en esta sección”.

NNAADe la Redacción de Página PolíticaNNCC