El diputado del PRO, Nicolás Mattiauda, expresó la voluntad de que el Estado, y sus trabajadores, hagan “un gesto de solidaridad social” hacia los contribuyentes suspendiendo los feriados y asuetos en Entre Ríos.
En línea con los argumentos centrales del manual de su partido, respecto del Estado y sus agentes públicos, el legislador presentó un proyecto por el que se insta a poner el foco en “un gran desfasaje entre la prestación de bienes y servicios públicos y la erogación que los mismos representan, tornándose necesaria la adopción de medidas para paliar la mencionada brecha”.
No precisó áreas implicadas ni dio detalles respecto de a qué poderes del Estado alude. No detalla, por caso, si alcanzaría a la Justicia o a la Legislatura que integra como diputado. Planteó, sí, la necesidad de “maximizar el funcionamiento de los diferentes organismos del Estado” en el proyecto de declaración que fue girado a las comisiones de Legislación General y de Trabajo.
Para Mattiauda, es imprescindible “tomar todas las medidas que fueren necesarias para intensificar la actividad estatal”, teniendo en cuenta “la suspensión o reducción casi continua de la actividad administrativa” en el marco de la pandemia por coronavirus.
Instó a tomar medidas “tendientes a aumentar la productividad”, como las que él propone con la suspensión de feriados y la aplicación de un criterio restrictivo respecto de asuetos.
Estatales por de más
Dijo que de lo contrario se maximiza el déficit fiscal existente “de un Estado provincial caracterizado por tener una enorme planta de empleados y contratados –de las más grandes del país–, que a mediano o largo plazo terminará repercutiendo nuevamente en un aumento de la presión impositiva”.
Es por eso que expresó la necesidad de “un gesto de solidaridad social” con los contribuyentes. Y puso el dedo en la llaga al aludir a la Caja de Jubilaciones para la cual “se han exigido en más de una oportunidad esfuerzos extraordinarios”.
Por otro lado, apuntó una ventaja económica de su proyecto. Hizo notar que hay sectores productivos vinculados al funcionamiento de la administración pública. Mencionó por caso “el transporte, la gastronomía y la industria”, actividades prestadas, en muchos casos, “por empresas o personas físicas que desarrollan dichas tareas y que requieren de cierta continuidad en el funcionamiento estatal para subsistir”, propuso.
