Un militar de rango se opuso a la decisión que tomó el Consejo Superior Provisorio de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) de impedir que se constituyan en alumnos de la casa de altos estudios quienes estén procesados o condenados por delitos de lesa humanidad.
Se trata de Carlos Alberto Zigarán, un militar que desempeñó cargos durante la dictadura, que suele acompañar a los detenidos por delitos de lesa humanidad y está acreditado como “periodista” de una publicación que defiende los intereses de los militares en el juicio por delitos de la dictadura en la costa del Uruguay.
La decisión de la Uader surgió luego de que se inscribieran y cursaran estudios Hugo Moyano y Jorge Appiani, procesados y en prisión preventiva en el marco de la causa Área Paraná.
En la publicación Tiempo Militar – a la que tuvo acceso Página Política – el coronel retirado expuso los argumentos de su posición.
“Un grupo de docentes de la universidad entrerriana resolvió interrumpir las carreras universitarias del mayor auditor (R) Jorge Humberto Appiani y del ex capitán Médico de la FAA Hugo Mario Moyano. Alegaron que lo hacían por ‘objeción de conciencia’ y propusieron a la Decana de la Facultad de Humanidades la separación definitiva de la institución académica de ambos presos políticos”, prologó Zigarán, quien también hizo un repaso por lo decidido oportunamente por la UBA en un caso similar. Ambas resoluciones, las calificó de medidas “discriminatorias y segregativas”. Sin embargo, sostuvo que fue “mucho más grave” lo ocurrido en la casa de estudios de la provincia, porque “no se trata del derecho de admisión de camaradas procesados y condenados, sino de la expulsión lisa y llana de alumnos cursantes”.
Appiani y Moyano fueron oportunamente invitados a participar de un proyecto educativo, ingresaron como alumnos y tenían cada uno varias materias aprobadas, repasa el coronel. Y agrega: “Llevaban casi un año y medio cursando sus respectivas carreras. Ambos están procesados, no tienen condena ni veredicto de culpabilidad, gozan de la presunción de inocencia, pero igual fueron alcanzados por la medida segregativa, ya que para la Uader estar procesado como ‘represor’ implica ser rotulado como culpable sin derecho a las más elementales garantías constitucionales y derechos recogidos en los instrumentos internacionales”.
Para el militar, “la universidad entrerriana ignora que las convicciones democráticas se demuestran reconociendo los derechos del otro, en especial cuando ese otro no comparte nuestras convicciones. Tal es la esencia profunda de los derechos humanos”.
Más adelante, añadió que “rondando la cobardía intelectual, los mismos docentes que sin inmutarse dan clases a parricidas, narcotraficantes, tratantes de personas y delincuentes seriales, incurren en discriminación contra camaradas sujetos a investigación por supuestos delitos que refieren a un contexto histórico bien determinado y por motivaciones políticas. Es decir para algunos elegidos vale la murga del Batayón Militante, para los militares y camaradas de policía y seguridad detenidos, el escarnio, la humillación, la discriminación”.
