El colectivo que se convocó el jueves pasado, contrareloj, para repudiar el fallo volvió a citarse esta tarde, una semana después, aunque con una concurrencia visiblemente más importante en Plaza 1° de Mayo.
Volvieron a estar los organismos de Derechos Humanos, agrupaciones kirchneristas, partidos de izquierda, organizaciones gremiales y sociales, algunos dirigentes del peronismo entrerriano. Se añadió más gente de a pie, familias con chicos, el sector universitario, referencias de la cultura y el arte de Paraná. Pasó una semana para que la noticia sedimentara, se divulgara, se supiera su impacto y se repitieron de manera incesante las expresiones del más amplio arco político en contra de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de beneficiar a un represor con el criterio del 2×1.
Pasó también un rapidísimo tratamiento de un proyecto de ley que se constituyó en una expresión política del Congreso que, de modo unánime, prohibió la aplicación del 2×1 para delitos de lesa humanidad.
Entre otros dirigentes políticos, presentes en el acto, estuvieron los diputados Gustavo Guzmán y Pedro Báez; el funcionario del gobierno y referente del Frente Grande, Néstor Loggio, y Nelio Calza del mismo partido, Luis Meiners del MST, Marcelo Haddad del Partido Socialista. Hubo banderas de La Cámpora, el Partido Comunista, Descamisados, Luche y Vuelve, el Movimiento Evita, el Partido Comunista Congreso Extraordinario, el MST, la CEPA, Agmer y CTA.
Documento
El documento de la Multisectorial de Derechos Humanos ató sin más el fallo al contexto político iniciado en diciembre de 2015. “Gobiernan los mismos que no pudimos llevar a los estrados judiciales”, sintetizó la idea el texto al mencionar los pasos que se intentaban ahora hacia la complicidad civil en el terrorismo de Estado.
Se afirmó que la Justicia “aliada al poder político, perpetró uno de los embates más violentos en contra de las conquistas más importantes de los últimos años”. Se pretendería frenar el proceso de los juicios que al momento derivaron en la condena de 750 represores.
Se asegura “no planificaron ni tuvieron en cuenta la fuerza de la razón popular” que se expresó “en actos, movilizaciones para el rechazo de un fallo injusto, ilegal, inconstitucional, violatorio de los pactos internacionales y contradictorio de la jurisprudencia”.
Se fustigó además “la tentativa de la iglesia católica de plantear ‘reconciliación’ sin haber dado información, ni haber planteado una autocrítica” sobre el rol que cumplió durante la dictadura.
“Que no se calle” le piden a Bordet
Un puñado de oradores se turnó al micrófono luego de la lectura del documento. Uno de los más aplaudidos fue el ex referente de ATE, Manuel Ramat, que fue duro con el Gobernador porque en Entre Ríos “estamos callándonos” ante las políticas del gobierno nacional.
Arrancó aplausos al hacer esa manifestación, al igual que al reclamar legisladores que “representen al pueblo”. Sin nombrarlo, cuestionó al senador Pedro Guastavino y puso el dedo en la llaga al marcar la historia del dirigente de Gualeguaychú quien es familiar de desaparecidos durante la dictadura.
También expusieron, entre otros, la nieta recuperada, hija de militantes desaparecidos, Sabrina Gullino; representantes de las universidades, UADER y dos facultades de la UNER, cuyos organismos repudiaron el fallo; y los abogados querellantes en los juicios de lesa humanidad en Entre Ríos.
