El informe técnico tiene como eje el uso de una herramienta llamada IDG (Índice de Desarrollo de la Gestión), que permite analizar el nivel de desarrollo de Entre Ríos en el contexto nacional. Fue diseñado por un equipo de investigadores del Instituto de Ciencias de la Administración de la Universidad Católica de Córdoba (ICDA) y del Instituto de Ciencias del Estado y la Sociedad (ICES),  con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.

“Esperamos sirva de insumo para quienes aspiren a gobernar la provincia. Cualquiera que quiera trabajar sobre una propuesta seria debe contar con buenos diagnósticos, y este es uno”, explicó a Página Política la presidenta de la fundación, María Alejandra Viola.

La exdiputada provincial por la UCR comparte este espacio con el exconcejal de PRO Emanuel Gainza, que ocupa la vicepresidencia primera del Fundación. También colabora aquí el legislador del PRO Esteban Vitor, que preside el interbloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Este laboratorio de ideas de Cambiemos ya cuenta con personería jurídica nacional y cinco sedes en Moreno, San Martín, Florencio Varela, Corrientes y Paraná.

En la presentación del informe técnico que hicieron el martes, vía Zoom, participó sólo uno de los cuatro dirigentes entrerrianos que han expresado su interés por la gobernación: el líder del PRO, Rogelio Frigerio. El radical Darío Schneider, de buena relación con este sector, se excusó por problemas de agenda. También fueron parte del acto virtual el diputado nacional Atilio Benedetti (UCR) y el senador nacional Alfredo de Ángeli (PRO), entre otros.

Tras este primer paso, la fundación se propone montar mesas de trabajo a nivel provincial, con participación de técnicos de distintas áreas de gobierno.

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– ¿Cuál fue la metodología que aplicaron?

– De la mano de un estudio de opinión que hicimos durante el año 2020 pudimos detectar cuáles son las prioridades y demandas de los entrerrianos, lo que refuerza y complementa el IDG. Involucrar a la ciudadanía en la identificación y jerarquización de los problemas públicos es un mecanismo que permite mejorar la asertividad en la planificación de políticas públicas.

En este relevamiento pudo advertirse como principal preocupación de los entrerrianos la problemática del desempleo seguida por la preocupación por salud, la corrupción y la educación.

Los problemas estructurales que tiene nuestra provincia han generado un estancamiento de muchos años. Basta con comparar el salario bruto en blanco de un entrerriano en el sector privado, que apenas supera los 60.000 pesos, y que en términos de poder adquisitivo puede comprar la misma cantidad de bienes que en el 2008, nada más y nada menos que 12 años atrás.

A Entre Ríos le falta iniciativa privada, es decir, empresas que generen riqueza y trabajo. Basta con ver como en los últimos 25 años la cantidad de empresas por habitante en lugar de aumentar ha ido en franco decrecimiento. Y frente a esto es inexorable mencionar el tratamiento inadecuado que el gobierno provincial le ha dado a la deuda pública, lo que ha llevado a una baja calificación por falta de pago de intereses que nos compromete seriamente para adquirir recursos crediticios a futuro.

Y si comparamos a la provincia en la región centro, Santa Fe y Córdoba tienen un mejor desempeño en la mayoría de los componentes del IDG, y ello se vio reflejado en la opinión de los entrerrianos al ver a Entre Ríos como una provincia estancada y abandonada.

 

– ¿Qué acciones deberían abordarse de manera inmediata?

– La clave es planificar en base a la evidencia. Y al tener estos datos debería pensarse en un programa que permita salir del déficit, que sea definido y de calidad que permita disminuir el gasto, pero siempre con objetivos claros y transparencia, que son variables que la sociedad en su conjunto necesita para darle  confianza a un plan. Y esto no sólo es importante para recobrar la confianza de los entrerrianos sino para que los organismos internacionales retomen la confiabilidad en nuestros proyectos. Aunque si continua el aumento de impuestos esto no sucederá.

Los empresarios de nuestra provincia sufren un ahogo impositivo y ya no se les puede pedir más. Basta con hacer una revisión de los tributos que deben rendirse en el marco impositivo para entender que la famosa Ley 4035 nos pone en el grupo de las 7 provincias que en todo el país cobra impuestos provinciales sobre los salarios de los trabajadores. Cabe recordar que fue algo que se intentó subsanar con el Consenso Fiscal de 2017 pero esto se suspendió y los impuestos volvieron a incrementarse. Ante este escenario debemos apuntar hacia un nuevo Consenso Fiscal, que modifique acciones a nivel nacional y provincial o el 2022 será un año sumamente difícil. La reforma tributaria es clave para que la provincia pueda recobrar competitividad regional.

También nos encontramos ante un debate cultural, o luchamos en conjunto para tener herramientas de crecimiento para nuestra provincia o terminamos volviéndonos dependientes totales del asistencialismo. Debemos debatir sobre la vida que queremos, los valores que queremos, el trabajo, el esfuerzo, la identidad y el futuro. Debatir sobre el verdadero ejercicio de nuestra libertad y entender que tenemos que ser vistos como una provincia productiva que progresa y apartarnos de los miedos a la corrupción y la impunidad tan recurrentes hoy en día. Y que también han sido identificados por los entrerrianos como principales problemas de la provincia, según el estudio de opinión a fines del año 2020.

Tenemos que dar esa discusión por la transparencia, por los ciudadanos que todos los días se levantan y motorizan la economía y por supuesto por la educación y las escuelas que se han visto extremadamente afectadas en todo este proceso.

El informe técnico nos permitió confirmar que la situación de pobreza en Entre Ríos es un tema estructural producto de la desidia en la gestión durante hace más de dos décadas. El número de pobres se ha duplicado en el gran Paraná y supera a la mitad de la población en Concordia, ante la falta de políticas públicas de fortalecimiento del empleo que atiendan esta realidad.

En la provincia tenemos que avanzar en leyes que den seguridad jurídica. Facilitarle el camino al emprendedor y al empresario en lugar de ponerle trabas innecesarias. También fijar prioridades de inversión, con foco en el cambio climático y por supuesto hacer foco en procesos de digitalización y nuevas tecnologías, es inaudito observar que hay lugares en la provincia donde se dice que “Internet no anda”.

Esto debe venir de la mano de planificaciones serias a nivel económico – tributario. El sector privado quiere dar trabajo, pero es imposible por el costo que se les exige. Es terrible que tengamos a los jóvenes desempleados que no saben cómo mantener a su familia y todo en su horizonte es negro. Es una dicotomía insostenible y ni hablar si mencionamos a aquéllos que deben afrontar el Monotributo en el cual es casi imposible la cobertura social.

Tenemos que repatriar a los entrerrianos que se han sentido expulsados de la provincia, ofrecer un mercado laboral más equitativo y eficiente. Nada de esto será posible sin una Administración Pública Provincial que sea eficiente, que sea ágil y deje de ser concebida como un costo eterno para los ciudadanos. Y por supuesto es clave que los tres poderes de nuestro estado garanticen la seguridad jurídica que generará un entorno favorable en nuestros hogares y empresas. Está claro que hay un considerable margen de mejora si se ponen en marcha buenas prácticas y se mejora la coordinación estatal. De esta manera seremos una provincia ágil y competitiva que nos enorgullecerá como entrerrianos.

Fuente: Página Política