Organismos públicos de derechos humanos de la provincia manifestaron su rechazo y repudio enérgico a un proyecto aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación para indemnizar a los familiares de militares y conscriptos fallecidos durante el ataque perpetrado por la organización Montoneros al Regimiento de Infantería de Monte de Formosa, el 5 de octubre de 1975.
La iniciativa establece que se “otorgue por única vez un beneficio extraordinario a quienes fallecieran como consecuencia del ataque al regimiento, en vigencia de un gobierno democrático” y beneficiaría a familiares de 12 oficiales y conscriptos muertos durante el ataque al cuartel militar.
Desde el Registro Único de la Verdad; el Programa de Acompañamiento, Asistencia y Protección de Testigos, Querellantes, Víctimas y/u operadores intervinientes en las causas contra el Terrorismo de Estado; la Comisión Provincial de la Memoria; y el Área de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) repudiaron “profunda y enérgicamente el objeto y las expresiones vertidas en el texto que fundamenta el proyecto de ley y su aprobación en la Cámara de Diputados por parte de quienes se reconocen a sí mismos como integrantes del movimiento de derechos humanos”.
Los organismos consideraron que el proyecto constituye “un retroceso a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia” y “reinstala la teoría de los dos demonios planteando la existencia de dos fuerzas en combate, que deberían ser igualmente reconocidas por el alcance de las políticas reparatorias”.
Según la consideración de los organismos de derechos humanos de la provincia – a la que tuvo acceso Página Política – “hablar de ‘justa y ‘equitativa’ indemnización es una afrenta a los sobrevivientes que día a día reviven el horror, dando testimonio en los juicios; a los familiares que buscan a los miles de desaparecidos que siguen sin aparecer; a los cientos de jóvenes que aún no conocen su identidad, y a todos los argentinos que merecemos saber la verdad”.
Los votos entrerrianos
El proyecto recibió media sanción de la Cámara Diputado el 28 de noviembre pasado, aunque se aprobó junto con un paquete de leyes y sin debate previo y terminó dividiendo aguas en el propio bloque oficialista, ya que hubo legisladores que votaron a favor del proyecto, algunos lo hicieron en contra y otros decidieron abstenerse.
Las diferencias también se notaron entre los diputados entrerrianos: Raúl Barrandeguy (FPV), Atilio Benedetti (UCR), Cristina Cremer (Frente Peronista) y Osvaldo Elorriaga (FPV) apoyaron el proyecto; mientras que Fabián Rogel (UCR) y Julio Solanas (FPV) se abstuvieron. Jorge Chemes (UCR), Hilma Re (Coalición Cívica-ARI) y Liliana Ríos (FPV) se cuentan entre los ausentes de la sesión.
Así las cosas, la pizarra final mostró 135 votos afirmativos, 18 negativos, 43 abstenciones y 60 legisladores ausentes, por lo que el polémico proyecto fue aprobado y girado a la Cámara de Senadores.
Sin embargo, para lograr la aprobación, los diputados que habían presentado el proyecto, los formoseños Ricardo Buryaile (UCR) y Juan Carlos Díaz Roig (FPV), tuvieron que retirar los fundamentos para que el kirchnerismo diera su acuerdo. Entre ellos, uno que consideraba al ataque al regimiento como “el primero de la guerrilla a un cuartel militar marcando el inicio de la lucha directa contra las Fuerzas Armadas”, que “ayudó a precipitar el golpe de 1976” y consideraba a los militares y soldados muertos como “valientes formoseños entregaron sus vidas en defensa de las instituciones, de la democracia y de las autoridades legalmente constituidas”.
