El sobreprecio en la obra pública o el 15, 20 o 30 por ciento de “comisión” por la adjudicación no son mitos. Hubo denuncias y hubo condenas. Víctor Pietroboni, empresario de la construcción en Concepción del Uruguay, antes de morir, confesó: “Las coimas en la obra pública son condición del mercado”.
La gestión del intendente de Seguí, Cristina Treppo, quedó bajo la lupa judicial luego de que dos concejales de Cambiemos lo denunciaran penalmente al jefe comunal; Nora Beaud, ex secretaria de Gobierno; Darío Alexis Monzón, contador municipal; y Aníbal Daniel Hereñú, titular de la empresa OIC S.A, por los supuestos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, fraude contra la administración pública y peculado.
La denuncia se originó ante versiones que daban cuenta que durante la gestión anterior de Treppo se habrían pagado “groseros sobreprecios en la obra vial de pavimetación o trama vial de calles de la localidad con recursos del gobierno nacional”, según la presentación que hicieron los abogados Rubén Pagliotto e Iván Vernengo y a la que tuvo acceso Página Judicial.
Antes de que la denuncia se sustancie en sede judicial, los concejales Mariela Espinosa, Javier Leguizamón, y María Basso solicitaron una serie de pedidos de informes al intendente. En un principio no fueron evacuados. Los ediles, según narraron, tuvieron luego respuesta, “pero con evasivas, referencias inexactas e incompletas que, en el fondo, escondían más de lo que informaban. En otras palabras, la tardía, incompleta y confusa respuesta oficial, tergiversaba los verdaderos hechos y circunstancias, encubriendo a través de recursos de paupérrima factura intelectual, las responsabilidades propias inobservadas y las normas vigentes alevemente violentadas”, cuestionaron.
Uno de los requerimientos fue el 4 de mayo pasado, en el que se elevó un pedido de informe solicitando copia de un decreto por el cual se ampliaba el presupuesto por la suma de $.12.593.863, 44. Casualidad o no era exactamente la cifra que se adeudaba a la empresa OIC S.A por la obra en la trama vial de la ciudad, iniciada el año anterior.
Según los concejales denunciantes la obra se inscribía en el plan “Más cerca de Seguí”, (Expediente 307618) y que presupuestó un desembolso en favor de la empresa OIC S.A en el año 2015 de $.8.050.173, 37 y en 2016 de $12.593.863,44; lo que hace un total de $.20.644.036,81. Esta última cifra habría costado la obra completa.
Un caso espejo
Aparece en escena el ingeniero Martín Cergneaux, el mismo profesional sobre cuya pericia se fundamentó la acusación y posterior procesamiento que dictaron los fiscales federales Policcita y Mahiques a Cristina Kirchner, José López, Julio De Vido y Lázaro Báez, por sobreprecios en la obra vial.
Según la pericia de este reconocido ingeniero en el ámbito judicial y que se anexa a la denuncia, el precio real de la obra oscilaría entre los $7.450.792,74 y los $11.056.045,82, tomando en consideración que la obra haya sido realizada con observancia absoluta de las especificaciones técnicas y las cantidades pactadas. “Estaríamos en un rango de plus o sobreprecio de $.9.587.991. Y una diferencia, tomando el menor precio de 13.193.244, 10)”, determina el trabajo de Cergneaux.
El caso que se está investigando en Seguí es similar a un hecho acontecido en Larroque. Allí, en la ciudad del departamento Gualeguaychú, el intendente Darío Benedetti, de Cambiemos, decidió devolver al Ministerio del Interior de Rogelio Frigerio más de 13 millones de pesos de un presunto sobreprecio que detectó en una obra pública que ejecutada por su antecesor, Raúl Riganti, del Frente para la Victoria, y financiada por el Estado nacional.
El gobierno había girado ese monto a Larroque para terminar pagar la inversión total de 21 millones de pesos que costó la pavimentación de 14 cuadras en el pueblo de 8 mil habitantes. El municipio debía transferir ese monto a la empresa contratada OIC S.A, pero el dinero quedó en una cuenta del municipio en el Banco Nación, mientras culminaba la auditoría para analizar los números de la gestión del intendente saliente, Raúl Riganti, del Frente para la Victoria.
El peritaje arrojó que la obra podría haber costado como máximo $ 5.4 millones, lo que determina un sobreprecio de $ 15,6 millones. La empresa ya había recibido un pago de 8,6 millones.
