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Paridad de géneros: poder y mérito

Sofía Uranga, dirigente política, impulsora de la Red por la Igualdad creada desde la Vicegobernación, defendió el proyecto de Paridad Integral que debate la Legislatura. Rebatió los argumentos de quienes aseguran que la paridad supone vulnerar la idoneidad y el mérito como criterios de acceso al poder.

Por Sofía Uranga
@sofia_uranga

En la Provincia de Entre Ríos se está discutiendo la paridad de géneros en las representaciones públicas y privadas, y esa discusión plantea preguntas sobre las condiciones que deben reunir las personas para alcanzar lugares de decisión y representación.

El proyecto de ley que se aprobaría en los próximos días se ocupa de reglamentar el artículo 17 de la Constitución entrerriana, y también varios artículos de la Constitución Nacional (artículos 16, 20, 37, 75 incisos 22 y 23), en tanto propone hacer efectivo el derecho a ser iguales.

El texto que tiene media sanción dice que habrá paridad de géneros -esto es 50% para cada uno de los géneros- de manera obligatoria en todos los ámbitos de representación y decisión públicas (los tres poderes del Estado provincial y los colegios profesionales que asumen una función pública delegada por la constitución). En el ámbito privado todas aquellas personas jurídicas que se inscriban en los organismos provinciales -Dirección General de Personas Jurídicas e Instituto Provincial de Cooperativas y Mutuales- deben atender a la paridad de manera progresiva. Esta progresividad debe ser subrayada y señalar que no se rechazaría el estatuto de un club o la inscripción de una sociedad comercial porque su conformación no sea paritaria. Incluso, atendiendo a los planteos de las cámaras empresarias, se agrega la posibilidad de exceptuarse, tomando como ejemplo la realidad de las pequeñas empresas en las que haya pocas socias o socios, se trate de una empresa familiar, o de una asociación conformada únicamente por personas de un mismo género.

Sin intención de analizar exhaustivamente el texto bajo tratamiento de las y los legisladores, puede tomarse como primer elemento de análisis que el Estado provincial reconoce la desigualdad entre los géneros, que impacta negativamente en las mujeres, y define intervenir para revertirla.

Con el conocimiento de que las políticas neutrales al género no existen, independientemente de cómo sean planteadas -es decir, que tengan o no perspectiva de género en su planificación-, todas las políticas públicas y las decisiones de gobierno impactan de manera diferencial en varones y mujeres. En muchos casos ese impacto tiende a reproducir la estructura patriarcal de nuestra sociedad. Tomando como ejemplo el régimen electoral, desde la década de 1950 no existe ningún impedimento para que haya igualdad entre los géneros y sin embargo, esa aparente neutralidad, ha impactado en una bajísima representación de las mujeres en los lugares de decisión. En otros casos, como el de la moratoria previsional durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se advierte que una política que no fue planteada para las mujeres, tiene un impacto particular en ellas, siendo el 86% de quienes pudieron jubilarse por dicho régimen. Merecería un análisis por qué las mujeres llegan a la edad jubilatoria sin posibilidad de tener cobertura de la seguridad social en relación a la contundente feminización de las tareas de cuidado no remuneradas, pero solo es un ejemplo para mostrar que no hay políticas neutrales a los géneros.

En consecuencia, asumir esa desigualdad y plantear un escenario de paridad es claramente una definición de justicia de género. Esto es así porque si las políticas sociales que apuntan a la dignidad y a la redistribución de la riqueza tienden a la justicia social; aquellas que otorgan reconocimiento en términos políticos y sociales de las mujeres, tienden a la justicia de género.

La única voz (y voto) que hasta ahora se ha manifestado en contra de la paridad de géneros en la Legislatura, lo hizo esbozando una discutible idea de idoneidad y meritocracia. Que dicho planteo haya sido inconsistente, no impide considerarla una discusión siempre actual y que merece respuestas.

Esa idea de mérito conlleva que cada persona tenga aquello que se merece, y supone que es, además, un criterio de asertividad, que parte de la noción de un origen común. Ese punto de partida implicaría que los resultados obtenidos, como el bienestar o el éxito, son exclusivamente producto del esfuerzo y la voluntad, medidos en términos individuales. De profundizarse el concepto, podría inferirse que es necesario eliminar todo derecho sucesorio de nuestro orden jurídico. ¿Quién podría sostener que una persona se merece recibir bienes por herencia? Aparecen también otras preguntas sobre cuál es el merecimiento, si es el esfuerzo, el talento, las calificaciones obtenidas para ser competente para una u otra tarea, y si el criterio del merecimiento se aplica sólo a las mujeres, o si también vale preguntarse cómo y por qué los varones son los que se sientan en las sillas desde las que se toman las decisiones.

Entiendo que, por distintas razones, como llama el sociólogo Francois Dubet, existen desigualdades múltiples que se entrecruzan en una sociedad generando cientos de variables de discriminación y de desigual acceso a oportunidades, mostrando que los puntos de partida son distintos y son múltiples.

Más allá de concluir que el planteo de puntos de partida iguales es falso, es interesante pensar en la idoneidad. El legislador planteó que la paridad iría en contradicción con el criterio, también constitucional, que lo exige.

Dando por supuesta la idoneidad de quien lo sostuvo en el cuerpo legislativo, resulta oportuno traer aquí algunos datos de la formación de las y los entrerrianos. Tomando como referencia el Anuario de Estadísticas de 2017 -último disponible- que publica la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia puede verse que las mujeres son el 51,08% de la población total, representan el 55% de las personas que tienen título universitario y el 59% de quienes se encuentran cursando dichos estudios. Además el 59% de quienes han accedido a títulos post universitarios son mujeres. A la lectura de estos datos debe adicionársele el cálculo de la cantidad de horas que las mujeres aportan a las tareas de cuidado no remuneradas, un promedio de 6,4 horas diarias, contra un 3,4 en el caso de los varones. Las mujeres entrerrianas teniendo menos horas del día para estudiar, igualmente son quienes mayores niveles de formación tienen. ¿Podría ser esa una manera de medir idoneidad?

Sin embargo el único lugar de poder que es paritario es el ejecutivo, que tiene paridad en la conducción -gobernador y vicegobernadora- y en el gabinete. Agrego aquí que todas las mujeres que asumieron en ministerios desde el retorno de la democracia fueron profesionales y muchas de ellas contaron con posgrados, dato que no se verifica en el caso de todos los varones que han estado a cargo de ministerios o del Poder Ejecutivo.

La Legislatura y el Superior Tribunal de Justicia no alcanzan el 30% de la representación de mujeres. Vale decir, en el caso del sistema de administración de justicia que en aquellos lugares que se accede por concurso, la participación es significativamente más justa. ¿Podrían ser los concursos una manera de medir idoneidad?

No se encuentran datos del ámbito empresarial, discriminado en términos provinciales, pero algunos datos de la Comisión Nacional de Valores muestran que poco más del 10% de los cargos directivos son ocupados por mujeres y que en las grandes empresas, dicho porcentaje es aún menor -8,4%-.

En el caso de los sindicatos y colegios profesionales tampoco se encuentra sistematizada la información, por lo que se analizarán algunos ejemplos en el orden provincial. En el caso de los gremios docentes: AGMER en la Comisión Directiva tiene un 36% de mujeres, AMET tiene cinco mujeres en su conducción, alcanzando un 31% y SADOP supera ampliamente dicha representación, con un 62,5% de mujeres. Es notoria la feminización de la tarea docente, que según se pudo saber, alrededor del 80% de las docentes son mujeres, descendiendo a un 56% en la educación técnica. Por otra parte, el Colegio de Abogados Sección Paraná, en su conducción tiene un 50% de mujeres, teniendo un 64% de matriculadas. Entre las autoridades del Consejo de Ciencias Económicas un 29,16% son mujeres, siendo las matriculadas aproximadamente un 44% del total.

Así como se dijo que las desigualdades son múltiples, los niveles de igualdad que se busquen, también deben ser complejos. En otros términos, podría decirse que esas experiencias de desigualdad que traen distintos grupos a los espacios en los que se toman las decisiones enriquecen el debate y repercuten de manera sustantiva en la conquista de derechos. A modo de ejemplo pueden pensarse el lugar que tuvieron los representantes de las y los trabajadores a mediados del siglo XX, o el impacto que podría tener que las mujeres rurales sean representantes en sus comunidades. Estas representaciones que den voz a las personas que sufren las desigualdades, esto es, pasar de representados y representadas a representantes, repercutiría en más y mejor democracia.

Entonces, sea el criterio el de la idoneidad, el de la formación o el de la representatividad, los modos en que el poder se distribuye, muestran que esa baraja es injusta. También muestra que en aquellos ámbitos en que las reglas no proponen discriminaciones positivas o desigualdades justas, el patriarcado se despliega, dejando sin su lugar a más de la mitad de la población. La perspectiva de género echa luz sobre los datos aportados y sobre la realidad para comprender que no son naturales, sino que son producto de una construcción que es preexistente y que ha llevado a que los varones asuman los lugares de poder. La paridad redistribuye ese poder.

Antes de terminar vale decir cuál es la dimensión que tiene que el Estado intervenga en las brechas de género. La normativa y la doctrina nacional e internacional tienen claro que existen tres brechas de género: una es la de la autonomía de los cuerpos, que se vincula con las violencias que sufren las mujeres, con el ejercicio de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos; otra es la de la autonomía económica que se vincula con las desigualdades en el mundo del trabajo remunerado y no remunerado, el desempleo, la precarización laboral y en los efectos que eso tiene en la feminización de la pobreza; y la tercera es la de la autonomía en la toma de decisiones que se vincula con la presencia de las mujeres en los distintos niveles de los poderes del Estado y a las medidas orientadas a promover su participacio?n plena y en igualdad de condiciones.

Cada una de esas brechas no pueden entenderse de manera aislada, los avances en una de ellas repercute en las otras. La paridad en la representación repercute en la agenda sustantiva de los estados para achicar, a su vez, las otras brechas. La paridad de géneros será el primero de los pasos que dará Entre Ríos para desandar esas brechas y construir una provincia en que todas, todos y todes tengamos derecho a ser iguales.

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