Repetido hasta el cansancio. El recorte total de transferencias no automáticas a las jurisdicciones subnacionales y principalmente la “paralización de la obra pública” fueron componentes sustantivos del ajuste. Con relación a la obra pública ejecutada por provincias y municipios financiadas por organismos del gobierno nacional, la propuesta del gobierno nacional es mantener y profundizar este enfoque.
Poner en tela de juicio oportunidad, conveniencia o alcances metodológicos de esta medida es como discutir el sexo de los ángeles. Milei tiene legitimidad expresada en la voluntad popular del año pasado y aplica, a partir de distintas herramientas, la orientación de sus ideas de gobierno.
Nuevo contexto, no solo para provincias, también para municipios. Entre Ríos firmó el 4 de junio acuerdo marco para reordenamiento de obras públicas financiadas por el gobierno nacional. Desde alli y superado el paso de Ley Base y nuevas medidas tributarias, Rogelio Frigerio sabe con qué cartas juega. Claramente lo definió, incluso mucho antes: “vivir de lo nuestro, haciéndonos responsables de las competencias provinciales, pero sin dejar de reclamar -enfáticamente- lo que nos corresponde”.
Viene adoptando medidas en tal sentido. Pone énfasis y mirada fina en el reordenamiento del gasto, tomó decisiones concretas con el problema estructural de la Caja de Jubilaciones y promueve, como herramienta de mejor gestión y control el diseño de “presupuesto base cero” para 2025, entre otras.
¿Y los municipios? Desde lo empírico conocemos la lógica de muchos intendentes. Parten de la propia campaña o propuesta de gobierno. Cabe repasarlo. Vamos a gestionar en “tal repartición” los fondos para realizar “tal obra”, llámese: Promeba – Enhosa – obras públicas o arquitectura. Eso cambió. No existe más, y todo indica que “no existirá más”, al menos en el horizonte de gobierno de Milei.
Reemplazar estos fondos por otros provenientes de provincia tampoco será posible. Frigerio, en gastos de capital, tiene con lo suyo para rato, partiendo de la herencia y necesidades urgentes de rutas – caminos – escuelas y hospitales.
El camino entonces es inexorable. Comenzar a repasar sus propias cuentas bajando gastos corrientes para volcarlos a inversión. Revisar. Proyectar definiendo claras prioridades en nuevos contextos. Innovar. Dejar maquillajes de forma por cambios de fondo, sustentables y de mediano plazo.
No desconocemos la diversidad propia que cada municipio. Tienen características propias. Tamaño, historia, contexto económico inmediato, inciden en las gestiones locales. Pero la meta es común, aun dentro de estas diversidades: “mejorar la calidad de vida de sus propios vecinos”. En otras palabras “crear valor para sus ciudadanos”.
Del diario vivir sabemos que en el plano local sus gobiernos al producir políticas públicas asemejan más a re-direccionar cursos de acción ya existentes, que generar nuevos. Allí hay que poner la mirada. ¿Qué prioridades? ¿A quienes beneficiamos? ¿No existe gasto superfluo? ¿Es necesaria esta tarea o hay superposición de obligaciones?
Perder los miedos. Cambiar el chip. Nueva lógica mirando para adentro. Hacer lo que tenemos que hacer. No existirán más refuerzos de ATN para corregir desequilibrios corrientes. Tampoco transferencias de recursos para obras públicas. Al menos el mediano plazo así lo indica.
La incidencia en los municipios
Siete meses de gobierno. Aprobación Ley Bases y nuevo paquete impositivo, herramientas necesarias para la aplicación de un conjunto de medidas que se pregona desde el plano nacional y cierta certeza en las jurisdicciones subnacionales. 17 gobernadores firman el pacto de mayo.
En un contexto aún muy incierto y dinámico, entonces, existen algunos indicios del camino a seguir. Dos incisos del Pacto de Mayo: “equilibrio fiscal innegociable” y “reducción del gasto público a niveles históricos del 25% PBI». El ajuste fiscal para alcanzar el superávit de las cuentas públicas del primer semestre fue sostenido a partir del recorte total de transferencias no automáticas a las provincias y la paralización de la obra pública.
Fuente: Página Política