En la audiencia de este jueves continuó el contador Héctor Enrique, integrante del Gabinete Pericial Contable del Ministerio Público Fiscal, que tuvo a su cargo el análisis de los expedientes de publicidad correspondientes al período 2010-2015. El lunes pasado había revelado, mediante un informe incorporado al expediente, que el Ministerio de Cultura y Comunicación emitía órdenes de publicidad antes de que los proveedores iniciaran los expedientes administrativos y otras para para prestar servicios en meses anteriores. Esas cuestiones fueron observadas por la Contaduría General y por el Tribunal de Cuentas. A continuación la crónica de la jornada del lunes, en que el testigo contestó las preguntas de los fiscales:
Hubo momentos tensos cuando abogados defensores y el testigo se cruzaron por preguntas y respuestas que de uno y otro lado se calificaron de improcedentes.
El juicio que se lleva adelante contra Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera, Pedro Báez y compañía, ingresó en una etapa en el que se está discutiendo (y poniendo de relieve) el lugar que ocupan los organismos de control en el gasto del Estado.
El primer cruce fue con el abogado José Velázquez cuando le preguntó al testigo si conocía cómo funcionaba el Ministerio de Cultura y Comunicación, a cargo de Báez, su defendido. Cuando comenzó la respuesta, el letrado le espetó: “Bueno, conteste lo que quiera”. Intervino el presidente del tribunal, José María Chemez.
El defensor de Báez cuestionó el informe que habla de un desfalco de 24 millones. Mostró información y los números. Luego Miguel Angel Cullen iba a decir que no podía ser que con un informe con el que se imputó por estafar al Estado en 24 millones “no cierren los números en sumas y restas”.
Velázquez quiso saber si Enrique conocía a algunos proveedores del Estado en materia de publicidad, y la respuesta fue negativa. Lo que no quedó claro es quienes son proveedores de publicidad en la vía pública y quienes en medios de comunicación.
Luego Ignacio Díaz también interrogó a Enrique por información anexa, que no recordaba y le lanzó: “Osea que usted no examinó toda la documentación. ¿Qué hizo?”
-¿Por ejemplo, la Contaduría General de la Provincia, emitió algún informe? No, está dentro del expediente. El Tribunal de Cuentas, a partir del proceso de auditoría llevado a cabo, fue realizando determinadas observaciones y son las que plasmé en el mismo”, respondió el perito (según Cullen contador, no perito) en referencia a cómo construyó su informe.
Otra vez Díaz: “¿Usted no examinó que Contaduría aprobó el gasto de publicidad?
-La consigna eran observaciones. Esas están dentro de las reservas. Vamos a explicar la función de la Contaduría para que el tribunal entienda. La Contaduría interviene en el proceso de contratación. Se establece un presupuesto y se hace la reserva presupuestaria. De acuerdo al monto de la contratación verifica la reserva y el encuadre legal para que concuerde con la normativa. Se inicia el proceso de selección y la Contaduría va a intervenir al momento previo de la adjudicación. Es un proceso de legalidad. Se emite la adjudicación, sale el decreto y al momento del pago hay otra intervención para cuando se arma la orden de pago. Son tres pasos, acá se hizo uno. Es lo que expresé en el informe, lo que dijeron los organismos de control.
Más adelante, el perito tuvo una respuesta más dura, cuando el representante de Báez le tiró que, aparentemente, Fiscalía lo había introducido a una “investigación errónea”. “Usted está viendo una sola parte del cuento. Estamos en un expediente de contratación directa por vía de excepción. Las debilidades que puede tener el proceso no la va a haber la Contaduría, porque, vuelve a decir, obedece a los cumplimientos legales de la norma y los cumplimientos presupuestarios. El proceso de selección de las empresas, o los nombres, o quienes forman parte de las mismas, la Contaduría lo va a desconocer. Si existe algún conflicto de interés lo desconoce también. El Registro de Medios tendrá en su oportunidad velar por la información que nutra la empresa. La debilidad no la tiene la Contaduría, sólo observa y determina la legalidad del procedimiento de acuerdo a la norma”.
Luego Díaz le hizo preguntas sobre algunos puntos de la ley de contabilidad, que al no recordar Enríquez, la respuesta fue: “Entonces no la conoce”. “No la recuerdo, si me la refresca, seguramente la recordaré”. Cruces de este tipo se escucharon en toda la audiencia. Lo mismo ocurrió con preguntas que se hicieron por parte de los defensores y se exigió al testigo que “conteste con un sí o con un no”. La procuradora Goyeneche se opuso, porque entender que precisamente lo que se le estaba preguntando eran cuestiones técnicas que no se pueden evacuar con un monosílabo. En varias oportunidades se impugnaron las preguntas.
Barrandeguy, enojado
El abogado defensor de Urribarri, Raúl Barrandeguy, arrancó enojado, terminó peor y cerró como suele hacer pidiendo disculpas
“No sé cuál es la tarea encomendada. La verdad no sé cuál es. Estoy suponiendo que tiene que ver con alguna auditoría. Qué le pidieron que usted dictaminara, informara o auditara. Y quién se lo pidió”, puso primera al consultar a Enrique.
-Lo que usted me pregunta es lo que ya está contestado en los distintos puntos de las de previas.
-Dónde están los distintos puntos escritos.
-En el informe.
-Acá está lo que usted hace y no lo que le pidieron que hiciera. Si un superior suyo es juzgar la calidad y la temporalidad de su trabajo, tiene que ver con qué le encomendaron. Para saber si lo hizo bien o sobresaliente. Es lo que no encuentro acá.
Ante la insistencia del testigo que estaba escrito en el informe, Barrandeguy, ya enojado pretendió hacérselo leer y la fiscal Patricia Yedro interrumpió para objetar la petición. “No voy aceptar objeciones” cortó el abogado. Y agregó: “Doctora, usted está enemistada con la verdad objetiva real”.
Finalmente el perito empezó a leer el informe y Barrandeguy volvió a insistir con que no está expresado en ningún lado los puntos que se solicitaron peritar. Yedro volvió a objetar y el defensor de Urribarri otra vez saltó contra la fiscal. “No voy a permitir manifestaciones como estas”, dijo Yedro.
Simulaciones
El otro dato que volvió a ratificar Enrique es la hipótesis de “simulaciones” que apareció en la audiencia del lunes sobre la causa del parador en Mar del Plata.
El perito hizo referencia a un “esquema de devolución” con dinero que no deja huellas porque se facturaba a terceras empresas, es decir a supuestas firmas subcontratadas de la empresa El juego en que andamos, que es la que se contrató. Para el Ministerio Público Fiscal, esa facturación a terceros era el “retorno” a Aguilera, de lo que está acusado.
Rodríguez Allende se interesó por el procedimiento de retorno. “El esquema de devolución tiene dos vías concretas, una por efectivo y otra por emisión de facturas. El dinero difícilmente deje huellas. Las facturas para comprobar algunas devoluciones están. Pero existen otros indicios de devoluciones de dinero en efectivo, a través de una operatoria con emisión de cheques. Cuatro o cinco cheques emitidos a nombre de personas que pudieron prestar un servicio pero cuando fueron consultadas lo desconocieron. Los cheques que no fueron cobrados por el destinatario, sino por otros”, explicó. De esa manera dio a entender que allí cobraba valor la subcontratación de empresas mencionadas el lunes.
Fuente: Página Política
