Sería el primer caso en Entre Ríos en que un intendente en funciones podría ir a la cárcel. El fiscal de la causa por la venta irregular de los terrenos de Puerto Yeruá, José Arias, solicitó la detención con prisión preventiva para todos los 17 imputados por considerar que están llevando adelante maniobras planificadas para entorpecer el comienzo del juicio, según informó el sitio Concordia 7. Allí están imputados el intendente, Fabián Cevey; y otros seis familiares directos, quienes reconocieron el hecho al solicitar un juicio abreviado. Esto implica que no se apelará la resolución, lo que dejaría afuera de la gestión al jefe comunal.
A poco de comenzar el juicio por el reparto de tierras en Puerto Yeruá, 2 de los 17 imputados cambiaron de abogado defensor. Esa decisión retrasaría el inicio de juicio oral.
Los 17 imputados están procesados por peculado en concurso ideal con defraudación a la administración pública. La lista es encabezada por Cevey, María Griselda Brassesco, secretaria Municipal, y Julio Larrocca, por entonces abogado de la Municipalidad, actual presidente de la Liga de Fútbol de Concordia y vicepresidente primero del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
“El caso es muy sencillo. El intendente Cevey, la secretaria Brassesco y el abogado de la Municipalidad (Larrocca) se pusieron de acuerdo para quedarse con lotes de 1.200 a 1.700 metros cuadrados, en lugares hermosos, aprovechándose de una serie de normas pensadas para adjudicar sin licitación pequeños terrenos a gente muy humilde, para que se puedan construir una casilla donde vivir”, resumió Arias.
La investigación se inició luego de una denuncia impulsada por los abogados de Paraná Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, quienes sostienen que tanto el jefe comunal como su familia adquirieron terrenos que tenían un costo de 320 mil pesos al valor de apenas 11 mil.
La prisión preventiva la decidirá el juez de Garantías, Alberto Funes Palacios, en una audiencia que será este jueves a partir de las 9.
El juicio está a cargo del tribunal integrado por Carolina López Bernis, Silvina Gallo e Ivés Bastián. En principio, están citadas alrededor de 20 audiencias y hay aproximadamente 150 testigos.
La pena prevista para el delito de peculado en concurso ideal con defraudación a la administración pública es de 2 a 10 años de cárcel, con inhabilitación de por vida para el ejercicio de cargos públicos, además del decomiso de los bienes mal habidos.
En el requerimiento de remisión a juicio, la fiscalía adelantó que solicitaría 10 años de prisión para los imputados.
