Un grupo de abogados defensores formalizaron este viernes en la Justicia Federal, con competencia electoral, un escrito por el cual se promueve una inhibición a la fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, en la causa de los “contratos truchos”. En el escrito se le solicita al juez Leandro Ríos que se declare competente en el legajo 87.933/2018 en la que se investiga una supuesta asociación ilícita en el seno de la Legislatura, generándole a las arcas públicas un perjuicio de 1.235 millones de pesos desde enero de 2008 en el Senado y desde diciembre de 2011 en la Cámara de Diputados. Un verdadero escándalo.
Se trata de los representantes de Flavia Marcela Beckman, Hugo Mena, Esteban Ángel Alberto Scialocomo, Gustavo Pérez y un grupo de legisladores. Los abogados de Adán Bahl y Sergio Urribarri no se sumaron a esta estrategia.
Los letrados pretenden que la causa pase a la Justicia Federal porque, el objeto de investigación, sería el financiamiento de la política. Es decir que se estaría, según la hipótesis de los letrados, ante una infracción electoral.
“Entiendo que es la Justicia Federal quien debe entender en la investigación, por hallarse amenazado el normal proceso electoral, vulnerando la normativa que intenta garantizar la transparencia y la limpieza del mismo, en clara violación a las infracciones de la Ley 26.215 y en lo pertinente, a la Ley 26.571. En este sentido, todo imputado o sindicado tiene derecho a que intervenga un juez natural a los efectos de garantizar el debido proceso”. Ese es, en resumen, los fundamentos de la presentación – a los que tuvo acceso Página Judicial e hicieron los abogados Guillermo Vartorelli, José Velázquez, Leopoldo Cappa, Miguel Ángel Cullen y Emilio Fouces.
En la petición se apoyan en elementos que se conocieron en los últimos días. Por caso la publicación de una planilla que surgió de los allanamientos de la semana pasada que circuló por varios celulares y que uh medio publicó. Allí aparecen legisladores, de la actual y la anterior gestión, aportando montos al PJ. “Lo que tenemos aquí, en grado de sospecha, es que en los últimos allanamientos realizados este 2 de noviembre (…) se encontró una planilla de aportes de campaña, que en este contexto avala la sospecha de estas defensas”, dice el texto.
En el escrito también se acude a las declaraciones y una serie de notas periodísticas. Una de ellas refiere a dichos del diputado de Cambiemos, Esteban Vitor, en donde cuenta que presentó un proyecto de ley para financiar a las fuerzas partidarias y que los aportes surjan del Estado, “porque no puede ser que desde la Legislatura se financie en forma poco clara a los partidos políticos”.
El otro elemento en que se sustenta el andamiaje de la petición es en el caso que suscitó en provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas del año pasado. La alianza Cambiemos de ese distrito quedó bajo la lupa judicial cuando se reveló el escándalo de los “aportantes truchos”, gente que apareció en las planillas aportando sumas importantes de dinero, supuestamente, para la campaña. Se conoció que quienes estaban allí no solo no habían realizado ningún aporte, sino que ni siquiera sabían que estaban en esas planillas.
El presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, decidió correr al juez Sebastián Casanello de la investigación penal y ordenó enviar el expediente a la Justicia Electoral de La Plata. De esa manera anuló una de las investigaciones por presunto lavado de dinero. Un juez electoral no tiene competencia para avanzar sobre delitos penales y sólo puede enfocarse en irregularidades electorales. Es destino que están pensando los abogados de esta causa en Entre Ríos. Entienden que debe prevalecer en Paraná la competencia electoral por sobre la penal, al igual que en Buenos Aires.
El juez Ríos, quizás, tenga que dar un paso al costado porque en el legajo está Julio Federik, su suegro, que representan un grupo de legisladores y al vicegobernador.
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