El Consejo de Procuradores de la República Argentina sesionó en Paraná en medio del conflicto suscitado por la apertura de un jury a Cecilia Goyeneche y denunció que “se está vulnerando de manera grosera la Constitución de Entre Ríos”, en referencia a la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de apartar del proceso al Ministerio Público Fiscal como órgano acusador y reemplazarlo por conjueces.
Sin embargo, no tuvo suerte en su intento por conseguir una foto con el gobernador Gustavo Bordet, a quien habían interpelado públicamente para que los reciba. Según pudo saber Página Judicial, el procurador Jorge García gestionó personalmente audiencias con el mandatario y con los presidentes de ambas cámaras legislativas, Laura Stratta y Ángel Giano, que tampoco accedieron al convite. Quien sí los recibió fue el diputado Esteban Vitor, presidente del bloque del PRO.
La entidad está conformada por procuradores, fiscales, defensores y asesores generales de todo el país y se reunieron en Paraná para dar su respaldo a Cecilia Goyeneche, suspendida en su cargo y acusada de haber tenido una conducta incompatible con las funciones a su cargo y mal desempeño de sus funciones, por su actuación en la causa donde se investiga una estafa millonaria a través de contrataciones truchas en la Legislatura de Entre Ríos entre 2008 y 2018.
El procurador general de Mendoza, Alejandro Gullé, aseguró que “es inédito en nuestro país” y “es algo grave” que el Jurado de Enjuiciamiento decidiera apartar al Ministerio Público Fiscal del proceso contra Goyeneche. “Se está castigando al Ministerio Público por una presunción o recelo de parcialidad, que francamente no tiene por qué existir”, agregó el funcionario judicial.
Gullé habló en conferencia de prensa, acompañado por los procuradores de Chaco, Chubut, La Pampa y Santa Fe, y las declaraciones fueron difundidas por Emanuel Pagés, licenciado en Comunicación Social y director de la consultora Comunicación y Opinión Pública. Pagés negó estar asesorando al Ministerio Público Fiscal en su estrategia comunicacional y dijo que solo estaba colaborando con un amigo periodista que trabaja para el Consejo de Procuradores de la República Argentina.
El dato no es ocioso, principalmente porque explicita una cierta moderación en el tono de las declaraciones; hay en el discurso un desafío a la dialéctica, evitando la mención a las causales que sostienen la acusación contra Goyeneche (una especie de no-dicho) y buscando el impacto en las críticas a la decisión de apartar al Ministerio Público Fiscal de su rol acusador como una afrenta a la institucionalidad.
“Venimos alarmados porque entendemos que en Entre Ríos se está dando una situación de pérdida de institucionalidad que es muy grave. No venimos a pedir la desestimación del jury de enjuiciamiento de Cecilia Goyeneche ni del juicio político de Jorge García, de quienes tenemos el mejor de los conceptos y no dudamos de la honorabilidad, honestidad y capacidad”, dijo Gullé y agregó que el proceso contra Goyeneche busca “romper la institucionalidad y eso habla de la falta de independencia de poderes”.
“Se está vulnerando de una manera grosera la Constitución de Entre Ríos. Venimos a pedir un juicio justo y que ellos tengan el mismo derecho de cualquier ciudadano: que se respeten los procedimientos y los órganos naturales establecidos en la Constitución de Entre Ríos, como cuna de la Constitución, es una provincia que no se merece esto, porque no se vuelve”, agregó el procurador.
Gullé explicó que “una de las principales características del Ministerio Público es la objetividad; el Ministerio Público no tiene necesidad de ser imparcial, tiene la obligación de ser objetivo. No es un organismo de acusación a ultranza, si no hay mérito para acusar, no acusa”.
En ese sentido, agregó que “quienes deben ser imparciales son los jueces” y cargó, sin mencionarla, contra Claudia Mizawak, integrante del Jurado de Enjuiciamiento en representación del Superior Tribunal de Justicia (STJ): “Por un lado, se exige que la fiscal se aparte porque conocía a una persona, pero por otro lado, un miembro del tribunal de juzgamiento ha sido abogado de una de las personas imputadas en el proceso que genera todo esto. Para uno existe el deber de apartarse y para otro no. Esto es muy grave y peligroso”.
La aseveración de Gullé merece una aclaración: Goyeneche ha dicho en distintas entrevistas que detrás de la denuncia estaría el ex gobernador Sergio Urribarri, que está siendo enjuiciado por desvío de fondos públicos para promocionar su candidatura presidencial en 2015. El ex mandatario, sin embargo, no ha sido imputado en la causa de los contratos truchos, a pesar de que la propia Goyeneche dijo, en su escrito de recusación a cinco integrantes del jury, que “su vinculación funcional con el hecho es evidente atento el rol que desempeñaba”.
Gullé también sostuvo que con esa decisión de desplazar al Ministerio Público de su rol en el jury “se está pretendiendo asegurar un resultado, y esto es muy grave” y agregó: “Venimos a bregar por un juicio justo, porque si no vamos a terminar siendo juzgados por comisiones especiales y sabemos qué es lo que ocurrió en este país” y añadió: “No nos interesa quién está sometido a proceso y de qué partido político se trata (sic). Nos acusan de corporativos y si es para pedir que se cumpla la ley, siempre vamos a ser corporativos”.
(Informe de Juan Cruz Varela, para Página Judicial)
Fuente: Página Política
