La irrupción de la pandemia del Covid 19 alteró la vida interna de los partidos políticos. Pero las tres principales fuerzas de Entre Ríos, que deben renovar sus autoridades en 2020, siguieron caminos diferentes para resolver sus obligaciones institucionales.

El PJ, que tiene el mayor número de afiliados, directamente resolvió prorrogar mandatos hasta que la situación sanitaria se normalice.

La UCR, en cambio, llamó a internas para el 15 de noviembre, pero ante la persistencia de la pandemia, aplazó el proceso para el 18 de abril de 2021. Un grupo de afiliados cuestionó la decisión del Comité Provincial de auto prorrogarse sus mandatos. Pero el Tribunal Electoral de la UCR ratificó la decisión del Comité, aunque con voto dividido.

El 8 de octubre, el planteo fue llevado a la Justicia Electoral. Los afiliados que se oponen a la prórroga de mandatos argumentan que la decisión no respeta la carta orgánica partidaria.

La situación es distinta en el PRO, que resolvió convocar a internas para el 28 de noviembre y avanzar en el desarrollo de su cronograma electoral que ya cumplió el paso políticamente más relevante, de presentación de listas.

Las definiciones políticas que, en el marco de la pandemia, adoptaron el PJ, la UCR y el PRO no dependen de la Justicia. La Justicia Electoral se limita a controlar si esas definiciones políticas se ajustan al marco legal de las cartas orgánicas, de la ley de partidos políticos y el Código Electoral Nacional.

A los efectos de la discusión que abre la pandemia sobre la posibilidad de realizar o no una elección interna, hay que recordar que la Justicia Electoral no ejerce controles de autorización. Será, en todo caso, el Poder Ejecutivo, a través de la autoridad sanitaria y de la fuerza policial el que tendrá a su cargo verificar si el desarrollo de una elección pone en riesgo la salud pública.

A favor de votar

La Justicia Electoral no va a poner objeciones a la realización de una interna. En este caso, la de PRO, que es la única que se mantiene en pie. Pero ante la situación de pandemia, el partido deberá presentar un protocolo. “Si dicen que va a votar una persona por vez en cada centro de votación, del mismo modo en que ingresa un cliente por vez a un negocio ¿por qué se va a suspender?”, razonó ante Página Política un funcionario de la justicia con competencia electoral.

“Pero si se arma un acto político con cien personas sin barbijo que escuchan a un orador y entonces meten una denuncia, ya no es una cuestión electoral, sino de limitación de derechos en función de la pandemia”, diferenció.

La Justicia podría intervenir en algo que excede al derecho electoral, como es el análisis del protocolo sanitario, en el caso que, dentro de un proceso electoral lo pidiera una agraviado directo luego de agotar todas las instancias partidarias. Por ejemplo, si el partido resuelve fraccionar una mesa de votación o poner horarios ordenados por abecedario de afiliados para sufragar con el propósito de evitar la más mínima aglomeración, y un afiliado decide protestar esa decisión en la justicia.

La Justicia Electoral nacional ya trabaja activamente sobre la manera en que se van a organizar los comicios de 2021, en la definición de los protocolos que se utilizarán para la elección intermedia de 2021. Nadie está hablando de suspender una elección general por motivos sanitarios. Mucho menos una interna que involucra un movimiento menor.

Aunque la interna del PRO es mucho más inmediata –falta poco más de un mes y se está atravesando el pico de contagios– se trata de una elección con un padrón de sólo 8.500 afiliados, de los que, con viento a favor, podrían votar 3 o 4 mil.

Distinta es la situación del radicalismo. Desde el punto de vista sanitario, porque se trata de un padrón de 75.000 afiliados, que podría implicar una movilización de 20 o 30 mil afiliados. Y desde el punto de vista jurídico, ya que la Justicia tendría poco por hacer en un partido donde no hay un proceso electoral en marcha.

Lo demás es discutible. El Comité (órgano ejecutivo) se auto prorrogó mandatos, pero lo hizo ad referéndum del congreso (órgano máximo), que no se puede reunir por la pandemia. La carta orgánica sólo prevé una prórroga de mandatos en una interrupción constitucional; pero cuando se redactó nadie imaginaba un escenario de pandemia. Sin embargo, el propio radicalismo sigue adelante con internas en otros distritos el país.