La iniciativa, que tratará la Cámara de Diputados en la sesión del próximo miércoles, prevista para las 20 (ver texto completo en documento adjunto), modifica los artículos 1º y 4º de la Ley 2.936, de creación de Vialidad provincial.
La DPV constituirá un ente autárquico que funcionará bajo la dependencia del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Planeamiento Infraestructura y Servicios y que tendrá entre sus funciones “estudiar, proyectar, planificar, asesorar, ejecutar, construir obras viales o aquellas que por su especial naturaleza y necesidad le requiera expresamente el Poder Ejecutivo o se convengan con entidades estatales”.
La reforma le da a la DPV la atribución de “celebrar convenios con municipios y comunas provinciales, que tengan por finalidad asesorar, colaborar y ejecutar obras de infraestructura vial dentro de sus respectivas jurisdicciones cuando razones de conveniencia y de interés público así lo justifiquen”.
Nuevos tiempos
En el mensaje a la Legislatura se afirma que la “gran inversión en obras de infraestructura que se dieron en estos últimos cuatro años y el despegue productivo tanto en la instalación de empresas, como el desarrollo turístico de la provincia hace surgir la necesidad de agiornamiento de las leyes vigentes para dar respuesta a los requerimientos actuales”.
Se afirma que la adecuación normativa que tiene 85 años de vigencia le va permitir a Vialidad una mayor capacidad de gestión operativa de su desempeño público administrativo.
Se observa que el crecimiento progresivo de Entre Ríos como polo de la actividad turística repercute en forma directa sobre la redes viales troncales y accesos principales, lo que torna necesario “ofrecerle a quienes nos visitan rutas seguras y caminos ágiles para transitar, lo que genera necesidades de obras permanentes en las vías terrestres entrerrianas”.
Que ante el planteo de la complejidad de proyectos que se vienen llevando adelante y la necesidad de demanda de obra pública “resulta necesario dotar a la Dirección Provincial de Vialidad con una herramienta legal eficaz que le posibilite realizar el bien común de nuestros productores regionales y usuarios, mejorando las trazas existentes, iluminando cruces e intersecciones y creando nuevos caminos como infraestructura vial urbana que posibiliten incrementar y afianzar la producción agrícola, ganadera, lechera, comercial y turística de nuestra provincia”.
En definitiva, se afirma que la concreción del plan estratégico de gobierno para la recuperación de la infraestructura vial de nuestras comunas, municipios y provincia “exige frente a los acontecimientos mencionados, una adecuación inexorable del soporte técnico legal, idóneo para dar cumplimento a esos fines”.
