Por estos días la comunidad judicial se somete a un debate del que no se sabe bien, a ciencia cierta, quién lo inició. Quién lo propone. Se trata de la reforma a la ley por la que rige el instituto de juicio por jurados, que Página Política dio cuenta hace una semana.
La iniciativa plantea eliminar los casos en que se juzga la tentativa de un delito. El cambio se expresa en el artículo segundo. La redacción vigente establece que “deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados, aún en su forma tentada y junto con los delitos conexos que con ellos concurren, los delitos cuya pena máxima en abstracto sean de veinte (20) o más años de prisión o reclusión”. La nueva redacción omite la “forma tentada” y deja sólo a los que se ejecutaron. El argumento: la existencia de una gran cantidad de casos de tentativa que demoran la realización del juicio.
El proyecto lleva la firma del Poder Ejecutivo, sin embargo, en los tribunales se adjudican la autoría. Fuentes judiciales aseguraron a este medio que lo presentaron de ese lado de Plaza Mansilla y que cuenta con el aval de los ministerios públicos, como se suponía. Quien conozca el proceso en que se llevó adelante la implementación del juicio por jurados durante el gobierno anterior no debe hacer muchos esfuerzos para advertir que en los tribunales no se quería avanzar con esta forma de juzgar, que además de estar en la Constitución del ‘33, compromete a la sociedad civil en un avance respecto a la democratización.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones de la Cámara de Diputados convocó a entidades judiciales, muchas de ellas, críticas de la reforma propuesta por entender que hay una restricción cuando en otras provincias, precisamente, se está ampliando los tipos de delitos. Entre ellas la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, la Asociación de Víctimas de Delitos Aberrantes de Entre Ríos (Vidaer), la Asociación Pensamiento Penal; la Asociación Pensamiento Penal Entre Ríos; y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Esta última, con banca nacional. Aquí el documento publicado con las críticas al proyecto y otros datos:
Desde el Instituto de Derecho Penal Entre Ríos, del Colegio de la Abogacía, hicieron saber a la presidenta de la comisión, la radical Gabriela Lena, que no habían sido convocados. La nota lleva la firma de Miguel Cullen y José Velázquez. El Colegio, vale aclarar, está convocado.
El martes empieza el debate.
Fuente: Página Política
