El gobierno nacional oficializó la postulación del juez federal Daniel Rafecas para conducir la Procuración General de la Nación. Según las crónicas de los medios porteños el magistrado no tendría dificultad en el Senado, donde arribará su pliego para ser el elegido de Alberto Fernández.

La trayectoria y formación de Rafecas no deja dudas en el ámbito académico, sin embargo su nombre no escapó a la polémica en el mundo de la política, que es el mismo mundo del Poder Judicial.

El juez se vio en el ojo de la tormenta cuando en 2016, pleno gobierno de Mauricio Macri, un grupo de juristas, funcionarios, empresarios (en ese entonces Luis Miguel Etchevehere) y personalidades vinculados a Cambiemos solicitaron a través de una solicitada en los diarios Clarín y La Nación la destitución del juez por haber desestimado la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner. Paréntesis: se recomienda ver el documental Nisman, el fiscal, la presidenta y el espía, donde queda en evidencia la manipulación que existió en torno al hecho por parte de la Poder Judicial, los servicios de inteligencia y los medios de comunicación.

Cuando la solicitada ocupaba el principal debate en la agenda política/judicial, se publicó otro texto en respuesta.

“No podemos menos que rechazar de plano este grosero pedido de destitución contra el doctor Daniel Rafecas, por su intervención en aquel caso; intervención estricta, fundada, lógica y normativamente”, decía uno de los párrafos. El pronunciamiento destacaba “la idoneidad jurídica, la independencia de criterio y el claro posicionamiento en defensa de los Derechos Humanos” de Rafecas, quien estaba siendo “sometido ahora a una persecución cuyo objetivo es atemorizar y disciplinar a todo funcionario judicial que no se preste a la farsa democrática que el gobierno está acelerando”.

Al documento adhirieron integrantes de organismos de derechos humanos, abogados, magistrados, docentes, periodistas, científicos, académicos y referentes de distintos campos culturales y sociales. Entre ellos los juristas que el año pasado estuvieron en Paraná: Eugenio Zaffaroni y Julio Maier.

El otro firmante fue el procurador general de Entre Ríos Jorge García. En un brevísimo diálogo con Página Judicial consideró entonces como “muy preocupante” el embate que sufría Rafecas. “Los ciudadanos pueden tener cualquier tipo de opiniones sobre todos los temas, lo que no pueden hacer es transformarse en jueces y pretender decidir sobre una determinada cuestión judicial”, dijo.

García sintonizó más con juristas a los que, en la grieta, se los suele poner en la vereda de enfrente de Cambiemos. Se ha identificado con Zaffaroni y ha cuestionado el modo en que el gobierno anterior utilizó el Poder Judicial en el plano de la política.

El noviembre del 2018, en el marco de un acto de jura a fiscales, dijo: “Nunca se va a ver a alguien sacado a la noche en piyamas”. Fue una referencia a lo que buena parte de los argentinos habían visto por televisión: al ex vicepresidente Amado Boudou en esa situación. El procurador, no obstante, tiene cerca suyo funcionarios que llaman primero a periodistas que a la s partes para informar sobre una resolución. Y si hay foto, mejor.

No fue la primera vez que García se diferenció de Comodoro Py y en medio de un contexto de tensión entre la política y el Poder Judicial. Un año antes, en una audiencia de casación del ex senador Raúl Taleb, refirió a que no se estaba ante los Panamá Papers, ni al blanqueo de millones de dólares de las empresas del Presidente y el macricaputismo (por Nicolás Caputo), como tampoco ante los intentos de sacar a la procuradora general Alejandra Gils Carbó promovido por sectores del gobierno nacional y la Justicia Federal porque la entonces jefa de fiscales tenía “los datos de Odebrecht y el Lava Jato y todas las empresas pertenecen al señor Presidente”. Sus dichos en aquella audiencia merecieron el reproche de Cambiemos. El procurador decía cosas que la mayoría de la dirigencia peronista entrerriana callaba.

Uno de los desafíos de Rafecas, en caso de convertirse en el procurador general de la Nación, es la implementación del sistema acusatorio, paradigma que en Entre Ríos rige hace 10 años y que implica un cambio copernicano en la investigación. La misma pasa a estar en manos de los fiscales y no de los jueces, como ahora. García asumió en el Ministerio Público Fiscal, cargo que ahora pretende Rafecas, la consigna de llevar adelante la puesta en marcha de un nuevo sistema. El mismo implicó la salida del sistema inquisitivo, lo que significó un verdadero avance. No obstante, en la actualidad una mayoría en el seno de la comunidad judicial viene reclamando una revisión en el funcionamiento.