El impacto más importante que tiene el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura en lo que respecta al Poder Judicial es que deroga un procedimiento por el cual sus integrantes actualizaban sus salarios. Se trata de la Ley de Enganche aprobada en diciembre del 2011 al finalizar la primera gestión de Sergio Urribarri. El objetivo fue equiparar los salarios de los magistrados entrerrianos con los nacionales. La conquista en su momento no fue solo de los funcionarios judiciales, sino también de los trabajadores. Quizás eso explique la firma conjunta de las dos entidades que los aglutina cuestionando la iniciativa.
El texto no hace una sola mención a la Ley de Enganche, sino que se basa en la reforma previsional que implica un incremento en los aportes a la Caja de Jubilaciones quienes tengan un salario arriba de los 75 mil pesos. La ley de emergencia es por un año, prorrogable por única vez por 180 días.
Los judiciales rechazaron “enérgicamente” el proyecto gubernamental por impactar “directamente sobre realidad laboral y sobre el futuro previsional” y enseguida anunciaron un conflicto en ciernes cuando se asegura que se estaría “vulnerando de manera flagrante los derechos constitucionales de movilidad jubilatoria, intangibilidad e independencia judicial, a la vez que compromete seriamente la institucionalidad y gobernabilidad de la provincia al exponer al Estado a un nivel de conflictividad indeseado”.
Hasta este miércoles estaba vigente una acordada del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que se establecía un congelamiento de los salarios por 180 días. Los vocales habían adherido, de esa manera, a una política que se había aplicado en el los otros dos poderes en febrero, cuando aún la pandemia del coronavirus se veía a través de los cables que llegaban de medio oriente.
Sin embargo, el 27 de enero Alberto Fernández en una entrevista al canal C5N reveló que en conversaciones informales con gobernadores había tomado conocimiento del “problema” que tenían los distritos en los que se habían promulgado la ley de enganche, cuyos incrementos resuelve la Corte Suprema de Justicia de la Nación y aprueba el Poder Ejecutivo Nacional. A partir de allí se puso sobre la mesa si era correcto o no que un gobierno provincial deba hacerse cargo de incrementos de cuya negociación no participa. Además de las posibilidades económicas de poder afrontar tal o cual aumento.
Con el artículo 10 del proyecto se suspende la Ley de Enganche y las paritarias vuelven a ser como en los gobiernos de Sergio Montiel, Jorge Busti, Mario Moine y el primero de Urribarri. Es decir entre representantes del Poder Judicial y el Ejecutivo.
La Ley de Enganche no queda derogada por completo, sino que artículos de la misma seguirían vigentes. La norma fija una asignación de carácter remunerativo a los vocales del STJ por funciones de representación y gobierno del Poder Judicial; y a los titulares de los Ministerios Públicos en concepto de representación y gobierno de sus respectivos ministerios, consistente en un 15% aplicable sobre los siguientes conceptos: asignación de la categoría, intangibilidad y antigüedad de las remuneraciones correspondientes a sus respectivos cargos.
