El 16 de septiembre habrá elecciones en Pastor Britos. La decisión del Tribunal Electoral termina, así, con el asunto.
En el paraje del departamento Gualeguaychú, ubicado a 45 kilómetros al noroeste de la ciudad de cabecera y a 8 de Urdinarrain, el 23 de octubre ocurrió un hecho insólito: las elecciones salieron empatadas. La candidata del Frente Justicialista para la Victoria, Elsa Brescacín; y el actual presidente que busca su reelección con el Frente Progresista Cívico y Social, Armando Fernández, sacaron 76 votos cada uno. El Frente Entrerriano Federal quedó en un segundo lugar con 46 sufragios.
Ante la inesperada situación, se decidió que a partir del 10 de diciembre y hasta que se vuelva a sufragar, al frente del centro rural quede Juan Carlos Betancourt, delegado de la Dirección de la Dirección de Juntas de Gobierno en el departamento.
Al descubierto
La rareza del caso dejó al descubierto un vacío legal que supo estar en agenda pero que la Legislatura no se abocó a resolverlo. La ley de municipios Nº 10.027, reformada en mayo del año pasado, establece que sólo se puede hacer una nueva convocatoria a elecciones que hayan sido anuladas por la Junta, previo pedido de las partes o la anulación de alguna mesa. En un principio se entendió que esas circunstancias no se habían dado, por lo tanto se decidió hacer un sorteo que lo iba a llevar adelante el presidente de la Junta Electoral, el juez Civil y Comercial, Víctor Arakaki.
El argumento lo encontró en el artículo 87º de la Ley Electoral Nº 2.988 cuando dice que “los senadores serán elegidos directamente por el pueblo a razón de uno por cada departamento y a simple pluralidad de sufragios. Se elegirán suplentes por cada partido o agrupación para reemplazar a los que cesen en su mandato por muerte, renuncia o cualquier otra causa. En caso de empate la banca se adjudicará por sorteo”. Si bien en este caso se trata de un cargo ejecutivo, se decidió avanzar con una resolución basada en la suerte que dicte una bolilla. Era lo más cercano que había por esos días, según se dijo. Pero los candidatos no querían saber nada.
Brescacín, alineada al oficialismo provincial, rechazó el método y pidió elecciones complementarias. “Sucede que la ley no tiene una previsión específica para estos casos, y así es que tomamos como analogía lo que en el orden provincial la ley prevé para diputados y senadores provinciales”, era la única explicación que tenía Arakaki.
Finalmente se suspendió el sorteo y el tema fue derivado al Tribunal Electoral provincial. Pero antes que una mirada jurídica prevaleció la política. Ambas fuerzas decidieron que sean las urnas quien defina a las autoridades.
