Finalmente el rechazo a la solicitud de un grupo de abogados defensores para debatir acerca de la posibilidad de realizar el juicio no fue tal. Por el contrario, será tratado el jueves que viene, justo el día en que debía comenzar el debate oral y público con Sergio Urribarri como principal imputado en el voluminoso legajo que acumuló tres causas que integran la saga “el sueño entrerriano” y en la que se lo acusa de haberse costeado la campaña presidencial con fondos públicos.
Los defensores habían pedido una audiencia “a los fines de fundamentar su entendimiento de afectación del derecho constitucional de defensa de sus asistidos en caso de realizarse el contradictorio oral y público, en el modo y bajo estas circunstancias de extrema excepcionalidad”, en referencia al protocolo que rige para los juicios.
Solicitaron, además, precisiones teniendo en cuenta que el juicio requeriría en la sala de audiencias un número importante de abogados defensores, fiscales, testigos. Desde el área de salud ocupacional del Superior Tribunal de Justicia (STJ) respondieron la nota firmada por la defensa y dieron detalles sobre las condiciones. Lo que se ponía en cuestión era si el juicio debía ser presencial o virtual.
Para peor, este jueves operaron a Elvio Garzón, juez que integra junto a María Carolina Castagno y José María Chemez el tribunal que debe juzgar, según supo Página Judicial.
Los días en que se iban a llevar adelante las audiencias eran 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28 y 30 de septiembre y 1, 4, 5, 8, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, y 29 de octubre. Y retomarían el 15 y 16 de noviembre. Osea que debía comenzar cuatro días después de las PASO y se extenderá hasta la general. Ni que la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) estuviese integrada por militantes de Juntos por Entre Ríos.
El ex gobernador y ahora embajador en Israel debía responder por el supuesto desvío de 47 millones de pesos para la promoción de su figura durante el 2015. Está acusado por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. Los fiscales adelantaron una pena de nueve años de prisión. Los mismos delitos se le atribuyen al ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, para quien pidieron ocho años.
Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, es otro de los imputados. Se lo acusan de haber cobrado una coima por la instalación del parador playero en Mar del Plata como parte de la campaña de una candidatura que no fue.
Fuente: Página Política
