Como lo anticipó Página Judicial, finalmente se suspendió. La mal llamada “causa de la vaca”, porque no se debería banalizar una investigación por una foto del bovino, se postergó por la salud de uno de los abogados defensores: Emilio Fouces. Esta decisión que se conoce ahora era previsible desde el momento en que, por el mismo caso, se suspendió la audiencia de elevación a juicio de una de las causas por la organización de la Cumbre del Mercosur que se desarrolló en Paraná en diciembre de 2014. Fouces es también parte de ese legajo y presentó documentación médica en la que se acredita una intervención quirúrgica, confirmaron este medio fuentes judiciales.
El debate oral y público previsto para la semana que viene (29 de julio) tiene como principales imputados a Sergio Urribarri, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera. Lo que se investigó fue si el ex gobernador direccionó la contratación de campañas publicitarias a favor de las empresas TEP SRL (ex Cinco Tipos) y Next SRL que se le atribuyen a su cuñado, Aguilera. La maniobra, supuestamente, debía contar con el aval del ex ministro de Cultura y Comunicación.
La fiscal Patricia Yedro y el entonces fiscal Alejandro Cánepa adelantaron que solicitarán para Urribarri, Báez y Aguilera una condena de ocho años de prisión por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración pública, por un monto total de 24.204.918,69 pesos. La acusación también alcanza a Emiliano Oscar Giacopuzzi, Luciana Belén Almada –esposa de Aguilera–, Alejandro Almada –cuñado de Aguilera–, Maximiliano Romeo Sena; la contadora Corina Elizabeth Cargnel; el empresario Hugo Fernando Montañana; y el ex funcionario Gustavo Tamay.
El empresario Jesús José María Bustamante admitió su culpabilidad en un juicio abreviado en el que fue condenado a dos años y ocho meses de prisión condicional.
Los fiscales determinaron que existe un gran número de campañas publicitarias simuladas, pues los trabajos contratados por el Estado no se llevaban a cabo en las condiciones pautadas, o bien se utilizaba con fines proselitistas, pero se rendía a través de fotomontajes que pretendían acreditar su cabal cumplimiento. Peritos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) constataron que las certificaciones que se presentaban mediante fotografías que debían dar cuenta del cumplimiento de la publicidad eran falsas. Concretamente, las empresas presentaban la misma fotografía (con la vaca) todos los meses, pero con diferentes órdenes de publicidad y el Estado pagaba sin controlar.
La defensa de Báez, a cargo de José Velázquez, asegura que se ha instalado un relato en la prensa en el que obviaron elementos de pruebas que promete poner sobre la mesa en el juicio. Hay, por ejemplo, órdenes de pago que no se ejecutaron. Y, en relación a las fotos, contó el abogado que se trataba de un sistema para constatar que no corría más. Es decir que la famosa foto de la vaca no era un requisito de constatación para corroborar si se había realizado correctamente la contraprestación. Y agregó que en el Google Map, aparecen los carteles que fueron contratados.
