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Justicia y política

Se viene un final electrizante en el jury a García y Goyeneche

Los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento ya están votando sobre las denuncias presentadas contra el procurador general y su adjunta por su desempeño en la causa de los contratos truchos. Las posturas no han sido uniformes respecto de qué hacer con las denuncias. Intrigas políticas y el rol de Bordet en el proceso.
Por: Redacción de Página Política

El Jurado de Enjuiciamiento entró en la recta final en el proceso abierto a partir de las denuncias contra el procurador general, Jorge Amílcar Luciano García, y su adjunta, Cecilia Andrea Goyeneche, que nos deparará una definición cuando noviembre cuente sus últimos días del almanaque.

Los titulares del Ministerio Público Fiscal enfrentan cargos por mal desempeño, falta de idoneidad moral e incumplimiento de los deberes a su cargo. Una denuncia fue promovida por el abogado Carlos Guillermo Reggiardo, aunque solo contra Goyeneche; mientras que una segunda, más extensa y de mayor factura argumental y probatoria, fue presentada por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet contra ambos funcionarios judiciales.

Las causales de la acusación contra Goyeneche giran en torno a la relación comercial con el imputado Pedro Opromolla, del estudio Integral Asesoría, que realizaba la gestión impositiva de los falsos contratistas y, posiblemente, también era reclutador de prestanombres en el esquema ilegal que funcionó en la Legislatura entre 2008 y 2018.

Durante la investigación surgió el dato que el contador investigado (Opromolla) y la coordinadora de la investigación (Goyeneche) compartían la propiedad de un inmueble. La procuradora adjunta lo negó. Pero luego se supo que ambos compartían una segunda propiedad, cuando los fiscales a cargo de la investigación dispusieron un embargo sobre los bienes de Opromolla y entre los inmuebles embargados había uno que tenía como copropietaria a Goyeneche. Recién entonces la procuradora adjunta dio un paso al costado de la causa. Debe mencionarse que aquella relación tenía otra que la precedía: Sebastián Orlando Bertozzi, esposo de Goyeneche y también contador, había integrado el estudio contable investigado en la causa donde se investiga una asociación ilícita que desvió 1.111.871.715 pesos durante una década. Pero Pagliotto y Mulet no solo apuntan a esa relación entre Goyeneche y Opromolla, sino que se metieron en lo que fue el devenir de la causa y la manera en que –según ellos– la procuradora adjunta actuó para salvar a su socio y el trato diferencial que tuvo respecto de otros imputados.

En el caso de García, los denunciantes señalaron que la procuradora adjunta lo había puesto en conocimiento de la relación que había con el contador imputado y el procurador le habría dicho que no existían incompatibilidades.

En su descargo ante el Jurado de Enjuiciamiento, la procuradora adjunta insistió en los argumentos que ya había dado públicamente: negó que hubiera tenido una relación comercial con Opromolla y dijo que el contrato para la inversión en un fideicomiso, o la anterior adquisición de una parte indivisa de un inmueble, no afectaron su deber de objetividad en la coordinación de la investigación.

García, por su parte, negó las imputaciones, pero hizo un planteo de fondo que también deberá ser analizado: dijo que el Jurado de Enjuiciamiento no tiene competencia para juzgar su conducta sino que el mecanismo debe ser el juicio político.

El planteo de García supone reeditar un debate que ya se produjo en el año 2018, también a raíz de una denuncia del abogado Reggiardo, sobre la competencia para el procedimiento constitucional de remoción del Procurador General. Su argumento es que existe una laguna jurídica sobre la forma de remover al procurador, por una falta de previsión explícita en la Constitución Provincial, y ese vacío debe resolverse en función de la interpretación de las leyes.

En aquel momento, el Jurado de Enjuiciamiento, con una composición diferente, resolvió la admisibilidad del planteo contra el jefe de los fiscales, es decir, asumió para sí la competencia de juzgar la conducta del procurador, aunque rechazó la acusación.

El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Martín Carbonell, Daniel Carubia y Claudia Miazawak; el senador Armando Gay (PJ); el diputado Gustavo Zavallo (PJ); y los abogados Luis María Campos y Sonia Rondoni. El único sobreviviente de aquella integración es Carubia, y de ahí puede surgir una pista de cómo se resolverá el intríngulis.

En aquel momento, Carubia rechazó el planteo de García diciendo que no existe, “más allá de la mera voluntad del señor Procurador General, el argumentado vacío legal”. Lo explicó citando la Constitución Provincial en cuanto sostiene que “los funcionarios letrados de la administración de justicia serán inamovibles mientras dure su buena conducta, y los no sujetos a juicio político, solo podrán ser removidos por el jurado de enjuiciamiento” y agregó que “los representantes del ministerio fiscal (…) en todas las instancias quedarán equiparados a los miembros del Poder Judicial (…) no pudiendo ser removidos sino por el Jurado de Enjuiciamiento”.

 

El peronismo judicial

El expediente está a despacho. Esto significa que los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento están votando sobre tres cuestiones: 1)- si es el procedimiento para analizar la conducta del procurador; 2)- si se abre causa en su contra o se desestima la denuncia; y 3)- si se forma causa contra la procuradora adjunta o se rechaza la denuncia.

Según pudo saber Página Judicial, ya votó la mayoría de los integrantes del jury y las posturas no han sido uniformes respecto de qué hacer con las denuncias, aunque nadie se atreve a vislumbrar un resultado. El semblante en el Ministerio Público Fiscal, sin embargo, es de preocupación.

La magnitud del asunto ha generado inquietud en el Poder Ejecutivo. Es que la consecuencia inmediata de una eventual apertura de causa contra los titulares del Ministerio Público Fiscal, más allá del resultado final, implicaría su suspensión en el cargo, justo en un momento en el que Goyeneche, por caso, está cumpliendo un papel gravitante en el juicio al ex gobernador Sergio Urribarri por delitos de corrupción. Las especulaciones políticas en este sentido están a la orden del día, por supuesto.

¿Qué dicen en el Poder Ejecutivo? Como siempre, nada. El hermetismo es una marca de gestión de Gustavo Bordet. Muchos hablan en su nombre, pero nunca se sabe qué tanto de lo que dicen expresa realmente la opinión del gobernador. Lo que advierten hacia el interior del country, sin embargo, es la pérdida de peso de los habituales interlocutores y la aparición en escena de nuevos operadores judiciales. Solo el tiempo dirá qué quiere decir este enroque, pero no debe perderse de vista un detalle inquietante: Bordet ya designó a dos vocales en el STJ, tiene un cargo pendiente para cubrir y uno o dos más que podrían habilitarse si se confirman más salidas.

Volviendo al jury a García y Goyeneche, en el tribunal ya están pensando en otro escenario complejo: quién oficiaría como fiscal instructor en ese caso, es decir, quién intervendrá como fiscal si el procurador, que es el encargado de hacerlo según la ley, es el acusado. O la procuradora adjunta. No puede ser otro fiscal, por ese verticalismo que rige el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. ¿Entonces quién?

 

(Informe de Juan Cruz Varela, para Página Judicial) 

Fuente: Página Política
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