Este martes al mediodía se cerró el plazo para ingresar al Senado adhesiones o impugnaciones a los candidatos propuestos por Gustavo Bordet para el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Se trata de los pliegos de la jueza de la Sala del Trabajo de la Cámara de Apelaciones de Concordia, Laura Mariana Soage, para la Sala del Trabajo; y del vocal interino del cuerpo, Leonardo Portela, para la Sala Civil y Comercial.
En ambos casos no hubo impugnaciones de ningún tipo, según supo Página Política. Sí, en cambio, hubo adhesiones.
Soage, oriunda de Concepción del Uruguay, tiene una larga trayectoria en derecho laboral y procesal y perspectiva de género con numerosas publicaciones académicas sobre las temáticas, además de ser vicepresidenta de la Asociación de la Magistratura y de la Función Judicial. Su currículum es voluminoso. Portela fue secretario del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 de Gualeguaychú y luego titular del Juzgado Civil y Comercial N° 3 de la misma ciudad. De 2019 a 2022 estuvo a cargo de la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú. Tuvo un brevísimo paso por el ámbito político cuando fue secretario del Concejo Deliberante durante la primera gestión de Juan José Bahillo en 2007, cargo que dejó enseguida para ingresar al Poder Judicial.
Según pudo reconstruir este medio de voces opositoras no hay argumentos para no acompañar los pliegos propuestos por el Poder Ejecutivo. Algunos senadores recibieron algunas sugerencias que – adelantaron- las pondrán de manifiesto en la audiencia.
Fin de ciclo
Con las designaciones de Seoage y Portela, quienes cubrirán las vacantes que dejaron Juan Ramón Smaldone y Bernardo Salduna, Bordet cierra un ciclo exitoso en el plano institucional. Habrá designado en sus gestiones 5 de 9 vocales en el máximo órgano de justicia de la provincia sin inconvenientes y con apoyo unánime de la oposición.
El Gobernador se encontró con cuatro procesos incómodos en sus dos gestiones y cuyas definiciones tramitaron en los tribunales. El más reciente fue el que se desarrolló en el Jurado de Enjuiciamiento y que terminó con la destitución de la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche, denunciada por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, por entender que incurrió en el mal desempeño en una causa de corrupción: contratos truchos en la Legislatura.
Bordet solo se limitó a que resuelva el organismo constitucional, que lo hizo con una votación de 5 a 2. Hace unos días esa sentencia se ratificó con otros magistrados que debieron integrar el STJ con una votación que terminó 7 a 0.
Los intentos de juicio político a los vocales Carlos Chiara Díaz y Emilio Castrillón se suscitaron sin dramatismos. No hubo, ni siquiera, apoyo de su gremio como la Asociación de Magistrados de Entre Ríos, lo que infiere en que no se estaba ante un avasallamiento de ningún tipo.
Otro momento incómodo fue el juicio a Sergio Urribarri, condenado a 8 años e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, tras la denuncia de Pagliotto y Mulet. No hubo denuncias a la política, en rigor al Poder Ejecutivo, de intervenir en el proceso o evitarlo. Un ex gobernador y parte de su gabinete fueron juzgados en un gobierno del mismo color político.
Bordet fue denunciado por los mismos abogados que hicieron lo propio con Goyeneche y Urribarri por supuestas irregularidades en contrataciones en el sector energético. La denuncia fue desestimada a días de ser presentada por el entonces jefe de Goyeneche, el procurador general Jorge García, y firmada por la fiscal Matilde Federik.
Si no sucede un imprevisto, el Gobernador cerrará un ciclo institucional de 8 años en los que se renovó buena parte del máximo órgano de justicia, se llevaron adelante juicios de interés público y político y en ninguno de los casos se produjo una crisis.
Fuente: Página Política
