Los procesos de juicio político a los vocales Carlos Chiara Díaz y Claudia Mizawak ingresaron en una etapa de especulaciones que varía con el correr de los días. La destitución del primero era un hecho. En Tribunales y la Legislatura descontaban hace una semana que el integrante de la Sala Penal quedaría afuera del Poder Judicial. Pero hubo movimientos que cambiaron los pareceres, sobre todo en la oposición.
El Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados dejó trascender que la denuncia contra Mizawak era “floja” y no alcanza para enjuiciarla. Este comentario explicitó lo que todo el arco opositor y buena parte de la comunidad judicial cree desde un primer momento: detrás de la salida de Chiara Díaz está Sergio Urribarri, sobre quien pesan causas judiciales de envergadura y, con la salida del magistrado, buscaría alinear algunas piezas en el Palacio de Justicia.
En Cambiemos advirtieron que no se avanzaría con Chiara Díaz en el Senado, es decir que no prestarían los votos para el quórum y así liberar el camino de la destitución, si antes no se enjuicia a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en Diputados. Mizawak tuvo una estrategia de defensa apropiada. Se presentó espontáneamente, puso a disposición importante documentación y hasta se manifestó de acuerdo con que se la investigue. Ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político contó con los buenos oficios de su vice en el cuerpo, Bernardo Salduna. La celeridad con que alcanzó información sobre Chiara fue la contracara con la que lo está haciendo con Mizawak. El magistrado de origen radical vio, quizás en este sainete político judicial, cobrarse algunos enfrentamientos de vieja data con su par. Se está ganado también antipatías en el ámbito parlamentario.
No se sabe aún qué sucederá el 11 de enero en Diputados. En el oficialismo insisten con la flaqueza de la denuncia, mientras que en la oposición alegan que las causales de Mizawak serían las mismas que las de su verdugo. Chiara Díaz hizo un uso desmesurado y escandaloso de viáticos y licencias durante años. Sucede que la utilización de esos fondos públicos y las formas en que se dilapidaron fueron autorizadas en buena medida por Mizawak y otros vocales. En el proceso se revelaron ausencias y gastos de todos los integrantes del alto cuerpo. Un diputado de la oposición que litiga en los tribunales le dijo a Página Política: “Chiara es quien más se ausentó, pero también es el único que da clases. Salduna se sabe ausentar los viernes para ir a Concordia a descansar. En realidad, todo es una vergüenza”, resumió. Se respiran aires del 2001 y el “que se vayan todos”.
Chiara Díaz cambió la estrategia. Entendió que debía defenderse y no atacar a sus pares. Entre los testigos que deberán comparecer los días 6, 7 y 8 de febrero se encuentran el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano; los vocales Daniel Carubia, Germán Carlomagno y Leonor Pañeda; jueces de la Corte Suprema de Santa Fe; el integrante del tribunal que juzgó a las juntas militares Ricardo Gil Lavedra; magistrados provinciales y nacionales; y el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, entre otros. La defensa quiere que magistrados de todo el país cuenten cómo es la vida laboral de un juez que da clases en diferentes universidades y participa de comisiones de reformas de códigos. Detrás de esa estrategia está también la idea de fortalecer el relato de que no se están juzgando causales sino que se trata de una maniobra política. Se estaría ante el primer caso de una destitución por la utilización de viáticos.
Dudas
En el Senado hubo reuniones en Cambiemos, que son quienes deben por lo menos sumar dos votos para alcanzar el quórum y que el oficialismo pueda destituir a Chiara Díaz. Más allá de que se acuse a Mizawak en Diputados, los opositores en la Cámara alta temen lo obvio: prestar los votos para Chiara y no recibir los votos para Mizawak, de quien creen que cometió los mismos desmanes. Ante esa eventual trampa cerrarían filas para salvar al integrante de la Sala Penal, según las fuentes legislativas opositoras consultadas por Página Judicial. Y sumaron un interrogante picante en clave política: “¿Están dispuestos todos los oficialistas a prenderse fuego para salvar a Urribarri, teniendo en cuenta que no todos tienen compromisos?”.
A un herido del PJ en las elecciones pasadas por el dedo de Urribarri se le escuchó decir más o menos ante un grupo de legisladores opositores la semana pasada: “esto es político y hay que evaluar a quién se favorece”. Punto. No dijo más nada. Si se decodifica la respuesta del aludido debe interpretarse que descartó cualquier tecnicismo jurídico y, de paso, metió el dedo en la llaga.
En el Ejecutivo, funcionarios alejados de esta historia pero que llevan y traen información se animaron a decirle a Página Judicial que el final puede llegar a ser el salvataje de los dos vocales. Acuden a elementos sencillos. Sacar a uno y no al otro sería un escándalo para la UCR, que prestaría sus oficios al oficialismo a cambio de nada. El Frente para la Victoria, en rigor Urribarri, no está en condiciones de entregar a la reina. Si salvan a Chiara acusarán a la oposición de no querer avanzar con una depuración en la Justicia.
Gustavo Bordet no ha sido ni siquiera rozado por estos procesos. Con la sola frase “está bien que los jueces den explicaciones” quedó aislado de cualquier polémica y cumplió con decir algo.
(*) La foto de portada muestra a Diego Lara, presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, juntos a Sergio Urribarri, en la fiesta de fin de año en la sede de la Sociedad Rural de María Grande.
