La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) se fundó en 1991 con el desafío de construir una representación obrera distinta a la de la burocracia sindical que expresaba la CGT. Se planteó como objetivo, además, ensayar una representación de algún nuevo tipo a los excluidos que iba dejando el modelo recién estrenado del neoliberalismo sin medias tintas.
Un instituto de estudios de la organización, el IDEP, ya intuía entonces que no habría “trabajo genuino” para los expulsados. La Argentina del pleno empleo pasaría a ser objeto de melancolía. No era difícil entrever hacia dónde avanzaba el sistema capitalista en el mundo, sustentado en el sistema financiero y en el desecho de trabajo asalariado a través de la incorporación de tecnología.
La realidad se mostró sin tapujos 10 años después. El 2001 alumbró al movimiento piquetero como mecanismo de organización de los expulsados a la indigencia, conminados a reinventarse. La CTA se dijo representar a estos sectores y puso a Luis D’Elía como referente de esa expresión que no tendría otro destino que seguir creciendo.
En 2003, la consigna de Elisa Carrió, candidata a presidenta, fue “liberar a los pobres” del “yugo” del Estado que asignaba los Planes Jefes y Jefas. El Estado tenía entonces la cara de Eduardo Duhalde. La líder del ARI tomaba la consigna de la CTA de asegurar la Asignación Universal por Hijo (AUH), iniciativa de política social universal que sólo plasmó el kirchnerismo unos años después, desde el poder del Estado.
Los piqueteros pasaron a tener otro cariz. Ya sin palos ni capuchas. Pasarían a ser los “movimientos sociales”, transformación que supuso una respuesta parcial desde el Estado (Ellas Hacen, Argentina Trabaja, Potenciar Trabajo, o cualquiera de los nombres que a lo largo de la historia pasó el auxilio a los desocupados). Esas organizaciones pasaban a ser protagonistas de la vida política y social, tendrían desde entonces un poder indubitable para regular la calle (mostrarla, llenarla, vaciarla). La transformación supuso también una identidad construida a lo largo de años: darle nombre, modo de vida y organización a un trabajador de nuevo tipo, de la economía social, economía popular, organizado en cooperativas para sostener la dignidad del ingreso mínimo.
Para eso hubo una narración realizada desde el Estado, legitimada durante mucho tiempo también por la oposición, construida por los movimientos sociales con esfuerzo, sostenida por las universidades públicas que en todo el país plantearon estrategias de capacitación al emprendedurismo social. La UNER, a través de la Facultad de Ciencias Económicas; la Uader, desde Rectorado, han promovido políticas sostenidas en el tiempo para capacitar, acompañar y asesorar a emprendedores en los distintos aspectos de lo que supone esta actividad.
Hay leyes que apuntalaron desde el Estado la promoción de esta construcción social, sustentada en prácticas cotidianas de cartoneros, cuidadoras, empleadas de comedores y roperos comunitarios, tejedoras, costureras, artesanas, obreros y obreras de la construcción, trabajadoras y trabajadores cuidando huertas, plazas, manteniendo espacios públicos, levantando casas, mejorando un barrio. En buena medida, son mujeres que consolidaron su identidad obrera de la mano del avance feminista, poniéndole valor en base a la “economía del cuidado”, concepto emanado de la política, la academia, el poder del Estado.
Desalojo
Pues de buenas a primeras, todo eso no sirve. El puntapié inicial lo dio Cristina Fernández de Kirchner en una pulseada que pareciera jugarse, a la vez, puertas adentro del Frente de Todos, contra organizaciones como el Movimiento Evita, pero también ganando la agenda de la centro derecha que repiquetea cacerolas en contra de los piquetes. La Vicepresidenta, en un plenario de la CTA, reclamó que el Estado recupere el mando de la política social, pidió terminar con la “tercerización”. Lo dijo Cristina y el grueso del peronismo y de la política tradicional pareció autorizada a sembrar sospechas en los “movimientos sociales” acerca de los cuales dedicaron horas y horas de discursos desde 2003 a la fecha.
“Liberar a los pobres”, dijo Carrió en 2003. “Liberar a los pobres”. Hoy lo dice Cristina Fernández de Kirchner. “Las mujeres son a las que más basurean en prácticas misóginas y machistas”, acusó a la dirigencia piquetera. Dice que el peronismo “es trabajo”. El trabajo de la economía social dejó de serlo, parece. Ya no juega en política. Aplauden todos. Aplaude la CTA. La centroderecha, la derecha sin más, saludan “la autocrítica” de la vicepresidenta. Los gobernadores claman transparencia y piden recuperar el control. Aunque la disputa se libre en otra cancha, la que importa, la que define: CABA y el conurbano bonaerense.
No importa aquí evaluar si serán mejores gestores de la política social los intendentes, los gobernadores, los viejos punteros partidarios o los dirigentes de los movimientos sociales que también se renuevan poco y nada, como la política tradicional. Importa, sí, tomar nota del modo en que este debate se destruye, se descalifica una construcción de años. Los trabajadores de la economía social ya no son trabajadores. El peronismo es trabajo de otro tipo, “genuino”, salario en blanco, con un patrón, aunque eso hoy exprese a una minoría de los argentinos y argentinas.
La política tradicional cambia de estrategia y pretende que desaparezcan, a tono con los nuevos vientos, los trabajadores de la economía social, sus organizaciones, su práctica comunitaria en los barrios y en la calle. Que “busquen” un patrón como el manual del primer peronismo manda. De camino, se deslegitiman reclamos, se tiran por la borda años de construcción. Mientras la pulseada se juega allá arriba, se ponen a merced del odio y la estigmatización a quienes, con esfuerzo, un día se dijeron a sí mismos trabajadores.
Fuente: Página Política
