El cuadro de situación, este lunes, no pudo ser más explícito. Gustavo Bordet se reunía con intendentes a los que le rogó responsabilidad en las paritarias. Describió un contexto de pérdida sostenida de recursos. Horas después el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, aterrizaba en Paraná para presentar la Tarjeta Alimentar en el marco del Plan Argentina contra el Hambre. Implica, para la provincia, $ 230 millones por mes que se repartirán en 143 municipios.
Cuando todo eso ocurría, en el Salón de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) se reunió toda la comunidad judicial, a excepción de los abogados.
Según se informó en un breve comunicado, “como es de conocimiento público, la situación económica del país y su impacto en el servicio de justicia”, se llevó adelante el encuentro del que participaron vocales del STJ, los ministerios públicos y los gremios.
Por el STJ estuvieron Martín Carbonell, Germán Carlomagno, Daniel Carubia, Bernardo Salduna, Juan Ramón Smaldone y Miguel Giorgio; el procurador general, Jorge Amilcar García; el defensor general, Maximiliano Benítez; y representantes de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos y de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER). Acordaron continuar con las conversaciones en el marco “del debate de política salarial que hoy se está analizando”, dice el parte de prensa.
Como reveló Página Judicial, el gobierno provincial pretende avanzar con la derogación o suspensión por un año, como primer paso, de la Ley de Enganche. Todos los actores a los que alcanza la iniciativa decidieron sentarse a una mesa y mirar a la cámara.
Alberto Fernández, hace dos domingos, contó en una entrevista que gobernadores le habían planteado que en sus provincias debían afrontar incrementos salariales para los judiciales fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que otorga el Ejecutivo y que escapan a sus posibilidades y, a la vez, implican desigualdad (en porcentajes) con los otros sectores estatales.
Uno de los interrogantes que surgen para quienes están estudiando el texto que quiere terminar con ese sistema de recomposición salarial es qué sucede si la ley se suspende por un tiempo y en el medio la Corte otorga un incremento. ¿En caso de levantarse la suspensión se debe pagar? Aquí surge otra pregunta: ¿Para qué se suspendería si después se va a cumplir con la misma ley?
Otros ítems
La Ley de Enganche es una especie de paritaria para quienes se desempeñan en el Poder Judicial. Hasta que fue promulgada la 10.068, aprobada sobre el final del primer gobierno de Sergio Urribarri, los representantes de ese poder (vocales) negociaban los incrementos salariales con el Poder Ejecutivo (gobernador y ministros) en un ámbito similar al de los estatales y docentes.
La ley vigente, además, fija una asignación de carácter remunerativo a los vocales por funciones de representación y gobierno del Poder Judicial; y a los titulares de los Ministerios Públicos en concepto de representación y gobierno de sus respectivos ministerios, consistente en un 15% aplicable sobre los siguientes conceptos: asignación de la categoría, intangibilidad y antigüedad de las remuneraciones correspondientes a sus respectivos cargos. ¿Se salvarán estos ítems?
La norma también determina que la bonificación por antigüedad prevista que se liquida aplicando las siguientes alícuotas por cada año de servicios computables, sean servicios prestados dentro o fuera del Poder Judicial, desde la fecha de matriculación en el Colegio de Abogados respectivos: de 1 a 9 años: el 2,5%; de 10 a 19 años, el 3%; y de 20 años en adelante, el 3,5%.
La iniciativa del Poder Ejecutivo tiene como marco plantear un reacomodamiento de política salarial con eje, supuestamente, en la equidad. Desde ese poder, el Judicial, se disparó otro planteo interesante: los salarios en entes públicos y empresas estatales desentralizadas. Quien lo hizo fue Emilio Castrillón, quien no está en la foto.
